El Sistema Penitenciario (SP) recluye en las cárceles del país a 17 mil 14 personas, incluyendo a 8 mil 804 detenidos en situación preventiva, pero por falta de infraestructura y programas penitenciarios, éstos deben convivir con los reos ya sentenciados

delincuentes reincidentes y en algunos casos, criminales de alta peligrosidad, pasando por alto los protocolos internacionales y nacionales sobre clasificación de presos.

De acuerdo con las “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos” de la Organización de las Naciones Unidas y el “Manual de Buena Práctica Penitenciaria”, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la clasificación de las personas privadas de libertad de acuerdo a los perfiles y tratamientos de reinserción es una tarea esencial.

“Convendrá establecer diversos grados de seguridad conforme a la que sea necesaria para cada uno de los diferentes grupos (de reclusos)”, advierte el primer documento, mientras que el segundo apunta que esto “supone el ofrecer diferentes programas enfocados a los diferentes grupos de presos”.

En primera instancia se debe separar a los privados de libertad -que aún no han sido condenados por un tribunal-, de los que ya fueron encontrados culpables y sentenciados; el Manual además sugiere la separación de categorías de los presos sentenciados por institución o unidad.

Naciones Unidas señala que es necesario “separar a los reclusos que, por su pasado criminal o su mala disposición, ejercerían una influencia nociva sobre los compañeros de detención” y “repartir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su readaptación social.

Para eso, la Ley del Sistema Penitenciario establece la separación de hombres y mujeres en los centros de detención preventiva, centros de cumplimiento de condena y centros de cumplimiento de condena de máxima seguridad.

Sin embargo, en Guatemala estos protocolos, aunque se conocen, no se cumplen, y por eso es posible que una persona detenida preventivamente por un problema de tránsito pueda convivir con un pandillero o un criminal.

Los centros que fueron creados para albergar a condenados fueron la Granja Penal Canadá –Escuintla–, las cárceles de Cantel –Quetzaltenango– y Puerto Barrios –Izabal–, la Granja Penal Pavón y el  Centro de Orientación Femenina (COF), pero los únicos que cumplen con esa función son los dos últimos en mención, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

El problema se agudiza debido a la falta de infraestructura, que es la causa del hacinamiento y mezcla entre detenidos, reos, reincidentes y de alta peligrosidad.

Un informe solicitado a través de la Unidad de Acceso a la Información del Ministerio de Gobernación (Mingob), indicaba que en 2013 había 1 mil 286 detenidos “peligrosos”, de los cuales 363 estaban recluidos en la cárcel de El Boquerón; 356 en la cárcel de máxima seguridad Fraijanes I; 270 en Canadá; 261 en el Sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, y 36 en cárcel de alta seguridad Fraijanes II.

El SP los ubicó en la clasificación de “peligrosos”, por su perfil, su conducta y comportamiento, indicaron las fuentes oficiales.

No obstante, esos centros carcelarios también son utilizados para ubicar a quienes por primera vez ingresan a prisión, incluso por una falta u oposición, como sucedió en abril del año pasado con manifestantes de la mina San Rafael, quienes fueron recluidos por un período corto de tiempo en la cárcel El Boquerón, la cual oficialmente se conoce que recluye a 363 privados de libertad con perfil peligroso.

SEGMENTACIÓN

Según Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental, la segmentación es vital para procurar una adecuada reinserción de las personas privadas de libertad y esto debería considerarse en determinados criterios.

“El perfil criminal debe abarcar el delito mismo y otra serie de evaluaciones psicológicas, por ejemplo la historia de vida del delincuente o del hechor.  Uno de los males de fondo es que la clasificación del reo no significa que se elija a dedo; deberían existir mecanismos de evaluación que permitan decidir dónde ubicar a esos reos”, refiere el profesional.

El entrevistado dice que este problema se debe a la ausencia de una política de rehabilitación, pues a lo largo de la historia Presidios únicamente se ha dedicado a custodiar al detenido.

“La política nuestra sigue siendo reclusión, como en alguna vez me dijo un director del SP, a mí me pagan para que no se escapen y punto, a mí no me interesa nada más. La política no es de rehabilitación, sino de encarcelarlos, guardarlos y punto”, reitera.

A criterio del psicólogo, otro factor a analizar es el tema del resguardo de los integrantes de  pandillas en un mismo espacio, donde convergen todos sus integrantes y juntos logran empoderarse y continuar sus acciones delictivas tras las rejas.

“Aquí el error es que en aras de que supuestamente hay mejor control y cuidado han colocado a todos en una misma cárcel, pero dentro de las cárceles siempre hay un poder interno, es una lógica humana carcelaria, si ese poder está vinculado  a una estructura determinada como en el caso de las maras, lo lógico es que ahí se estructuren, se organicen y armen desde su interior las mismas redes hacia afuera.  Con dos dedos de frente uno entiende que eso no debería ser así”, explica.

ENTRE CRIMINALES

Herlyss Edelman, especialista en Criminología, quien anteriormente laboró en el SP, detalló los efectos negativos que pueden ocurrir cuando una persona es recluida por una falta y convive con criminales peligrosos, que lo someten a vejámenes y violaciones.

“Por ejemplo cae una persona que viene de trabajar por un accidente de tránsito y se topa con criminales hechos, imagine el ambiente perverso que puede encontrar ahí, pero por un delito menor se va a reunir con ese tipo de delincuentes.  Las violaciones no son cosa extraña ahí adentro. Si usted no paga, so pena o la amenaza directa es que lo van a violar, imagine el trauma, el daño psicológico que sufrió por estar 8 o 15 días por un accidente de tránsito”, refiere el profesional.

Según el experto, por eso es importante clasificar a los detenidos por situación jurídica y perfil, porque si el tema no se aborda de esa forma el daño es grave.

“Si no se respeta la parte preventiva como el nombre lo dice y si pasa mucho tiempo ahí –el detenido–, no se dilucida su situación por la lentitud del sistema de justicia.  Si es que logra salir con vida, tendrá traumas psicológicos que son irreparables”, destaca Edelman.

El criminólogo explica que cuando laboró en el SP fue testigo de cómo un grupo de pandilleros del Barrio 18 asesinaron a otro de la Mara Salvatrucha.  El tema, según él, es que pueden originarse equivocaciones al recluir a personas en determinados sectores donde arriesgarán su vida.

“Aunque en teoría se tiene cuidado que hay sectores de Paisas, 18 y Salvatrucha no es así, yo vi cuando ubicaron a un MS en un sector de 18 y tardó 15 minutos vivo.  También pueden confundir a un civil por error o porque simplemente no pagó lo que le pidieron de ingreso, por eso creo que hay victimización primaria, secundaria y terciaria. Es garrafal no distribuir a las personas de forma preventiva, de condena o de alta peligrosidad”, indica.

El profesional concluye en que los efectos de un sistema como el actual –donde ocurren vejaciones de todo tipo– también causarán daño a la sociedad, pues no es de extrañarse que después de los abusos vividos en prisión una persona se convierta en delincuente.

“Como criminólogo, me atrevería a decirle que cuando una persona es violada le da el síndrome del vampiro, me mordieron yo muerdo, me violaron yo violo. El síndrome del vampiro lo adopta de inmediato, ese daño queda ahí, afecta al círculo familiar a través del maltrato porque tiene una ira reprimida. ¿Y el estado paga esos daños?, no, no lo hace”, concluye.

FINES DISTINTOS

Corinne Dedik, del CIEN, opina que las autoridades deben considerar que la reclusión –preventiva y de condena– tiene fines diferentes y es importante priorizar a quienes ya están condenados.

“El fin de la reclusión es distinto –privados de libertad y reos–  pero como conviven juntos, reciben el mismo tratamiento, las mismas actividades y son tratados igual, las actividades de rehabilitación también se les da a los de la prisión preventiva”, explica Dedik.

La abogada indica que es importante no abusar de la prisión preventiva, debería incluso usarse como un último recursos mientras se dilucida la situación jurídica de una persona.

“La prisión preventiva es algo muy delicado, sólo se debe aplicar en última instancia, no debería de ser la norma, jamás, porque si uno ubica a alguien en condición preventiva ya la está privando de libertad, pero sin saber que es culpable o no, sin saber si será condonado o no.  Es difícil ubicar a alguien en prisión preventiva y si el juicio se tarda dos años y resulta que no es considerado culpable ya pasó dos años privado de libertad, es algo muy delicado que hay que manejar con mucha precaución”, enfatiza.

PLANES

Las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) y del SP han reiterado su anuncio para adquirir 40 módulos de deshacinamiento, para albergar a varios privados de libertad.  Aunque la intención era implementar cárceles de máxima seguridad, esta iniciativa ya no se realizará, por la “burocracia estatal”, indicaron.

Otro de los planes, según el Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, es que  se implementará el plan piloto de brazaletes electrónicos para algunos privados de libertad.

La propuesta se realiza en conjunto con el Organismo Judicial (OJ), el Ministerio Público (MP) y el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).