Quince minutos bastan para obtener la falsificación de antecedentes policíacos, por un precio de Q75, aunque quienes se dedican a esto recomiendan no usarlos para obtener pasaporte o licencia de portación de arma de fuego. En cambio, sería mejor borrarlos del sistema definitivamente, pero el costo puede ser de más de mil 500 quetzales según el delito.

A inmediaciones del Organismo Judicial se ofrece la realización de todo tipo de trámites, que van desde la falsificación de un título profesional, hasta la eliminación de antecedentes policíacos que pueden perjudicar a alguien sindicado por un delito.

La Hora consultó a varias personas que se dedican a esta actividad, quienes explicaron que falsear o “simular” los antecedentes policíacos es sencillo y rápido, el precio es de Q75 y el tiempo de espera es de 15 minutos aproximadamente.

“El papel no es muy duro, es delgado, pero lleva su sello de agua y el logotipo de la Policía Nacional Civil, lo podes usar para buscar trabajo, pero no para sacar pasaporte o licencia de portación de arma”, explica uno de los tramitadores.

Otro, en cambio, advierte: “No le recomiendo que pague los Q75, pague mejor Q350 porque este si es papel original de la Policía, el otro es solo una fotocopia. A mí me gusta explicarle a los clientes. Lo que se hace es usar una boleta limpia y poner su nombre, deme su DPI y ahorita le hago el trámite”, dice otro hombre.

La explicación por parte de los tramitadores se extendió al punto de recomendar que lo mejor era borrar definitivamente los antecedentes policíacos, el costo varía pero un aproximado podría ser de mil 500 quetzales y la fecha de entrega es de dos meses y medio, “depende del delito”, dijo quien ofrecía este “servicio”.

Las personas consultadas dijeron que el dinero que obtienen de esta actividad es compartido entre muchos otros que intervienen en la falsificación o eliminación de los antecedentes.

“Todavía le cobro barato, porque aquí hay que darle ganancia al que consigue el papel o al que hace favor de borrar su antecedente”, se limita a decir uno de los tramitadores.

EMISORES FANTASMAS

El ministro de Gobernación (Mingob), Mauricio López Bonilla, admitió el pasado 8 de enero, que históricamente el tema de los antecedentes policíacos se ha prestado a la corrupción y recientemente se identificó que de 600 emisores, 300 se desconocía su identidad, pero por ello se buscaba depurarlos.

“El tema de los antecedentes policiales es un tema que en años anteriores se ha prestado mucho al tema de corrupción, encontramos arriba de los 600 usuarios, depuramos, precisamente todos los accesos, encontramos que el 50 por ciento eran usuarios fantasmas que no se podían identificar, hemos hecho una depuración de todos los usuarios y hemos generado una nueva lista y se ha reducido la capacidad de quienes pueden tener acceso a la base de datos policiales”, dijo López Bonilla.

El funcionario ejemplificó la forma cómo era posible borrar los antecedentes, utilizando su propia identidad.

“Había una discrecionalidad, la aplicación, por poner un ejemplo, si aparecía Mauricio López Bonilla con antecedentes policiales, podía generarse una nueva que dijera Héctor punto (.) Mauricio López Bonilla y prácticamente era una nueva identidad para generar antecedentes policiales limpios”, indicó.

REGULACIÓN Y SANCIONES

Carmen Rosa de León Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), opina que las autoridades deben regular y sancionar a las personas que se dedican a esto, pero también se debe analizar el papel que juega la policía en estas situaciones.

“Este tipo de emisión de documentos debería hacerse por parte de las autoridades y después que haya una regulación y sanciones a los tramitadores que ofrecen este tipo de servicios, lo cual también lleva a pensar que sigue existiendo una red que se ha denunciado varias veces dentro de la misma policía, que accede a través de dinero para limpiar o borrar los registros, lo cual ahora que se está hablando de la plataforma de información por parte del Mingob, nuevamente se pone sobre la mesa el control que existe sobre esa información y la transparencia con que se pueda manejar este proceso”, dice la entrevistada.

De León Escribano concluye en que es imprescindible que la Cartera del Interior tenga control sobre la emisión de estos documentos, que pueden poner en riesgo a otras personas.

“El Ministerio debe tener control sobre ese tipo de información y expedición de documentos hacia la ciudadanía, igual que se controla la emisión de pasaportes, el DPI, como también este tipo de certificados, porque al final ponen en riesgo a varias personas, alguien puede llegar con antecedentes  limpios y finalmente no lo están, también genera la posibilidad de delinquir dentro de los trabajos”, dice la entrevistada.