Siendo sincero, desde aquel ingrato día en que la Corte de Constitucionalidad resolvió contra viento y marea permitir la participación electoral de Efraín Ríos Montt en atención a intereses políticos, desligándose del estricto apego al derecho, a los chapines nos quedó el temor, duda o aprehensión, como usted prefiera llamarlo que, cuando el ciudadano recurre a dicha Corte por verse afectado por una flagrante violación a la Constitución de la República, el fallo que se dicte no vaya a estar apegado al derecho. Triste y lamentable es decirlo, pero esa es la realidad. No podemos verlo de otra manera.
Por ello, estoy seguro que cuando los juristas Molina, Fuentes, Aguilar y Pineda interpusieron el recurso respectivo al apreciar diversas ilegalidades que estaba cometiendo la Municipalidad de Guatemala en la aplicación del IUSI (Impuesto íšnico sobre Inmuebles), sin expresarlo sintieron igual temor. De esa cuenta, al conocer la primaria resolución tomada y darnos cuenta que no habían decretado, de oficio y sin formar artículo, la suspensión provisional de las disposiciones municipales que ya están causando gravámenes irreparables a los vecinos se acentuó todavía más el temor mencionado a pesar que la inconstitucionalidad es por demás notoria y evidente.
¿Es que no está claro que existen muchos vecinos que siendo víctimas de la voracidad municipal se van a ver obligados a pagar un impuesto que, además de injusto tampoco tienen la capacidad económica para hacerlo?; ¿es que hasta el más neófito sobre la materia no ignora que para que una ley surta efectos es necesario publicarla íntegramente en el Diario Oficial?; ¿no es evidente que si a una propiedad se le aplica un antojadizo avalúo, se está modificando la base impositiva, acción que únicamente corresponde al Congreso y no a una entidad de menor jerarquía?.
El no haber dispuesto la Corte la suspensión provisional de las disposiciones que afectan a la ciudadanía por lógica, traerá malas consecuencias a los vecinos, como que Su Muni se ponga a acelerar las notificaciones de los reavalúos en el resto de zonas de la ciudad capital, lo que naturalmente los obligará a impugnarlos, hasta llegar a saturar las dependencias municipales, así como los tribunales de justicia, forzando a los vecinos a presentar recursos de revocatoria y otro tipo de demandas ante el cúmulo de anomalías que se están cometiendo, empezando por notificar avalúos que ni siquiera han sido aprobados por el Concejo de Guatemala, como lo manda la ley, mucho menos basándose en los manuales existentes, incluso, valuando mediante masivos procedimientos y no de manera individual.
En la resolución de problemas jurídicos no cabe la política, puesto que fomenta todavía más el desencanto y la frustración generalizada que priva en el país o lo que es lo mismo, «salir de la sartén para caer en las brasas».