El fallo de un tribunal que ordenó cancelar la concesión minera a una compañía canadiense, supone una contundente victoria para el movimiento ambientalista costarricense y un golpe político para el ex presidente í“scar Arias y su hermano Rodrigo, aspirante a la presidencia.
El Tribunal Contencioso Administrativo de San José ordenó el miércoles al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) que proceda a cancelar la concesión otorgada a la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Infinito Gold, para explotar cerca de un millón de onzas en Las Crucitas de Cutris, cerca de la frontera con Nicaragua.
Los jueces también condenaron a la empresa a pagar los daños ambientales causados hasta ahora por la tala de 50 hectáreas de bosque, cuyo monto se fijará en un proceso judicial aparte.
También pidieron al Ministerio Público que analice la posibilidad de procesar penalmente al ex presidente Oscar Arias (2006-2010), a su ex ministro de Ambiente, Roberto Dobles y a otros seis funcionarios.
Arias y Dobles emitieron en el 2008 un decreto que declaraba el proyecto de Crucitas «de interés nacional», lo que permitió que la empresa reactivara sus actividades y talara unas 50 hectáreas de bosque de gran diversidad biológica, según estableció el propio tribunal.
El hermano de Oscar Arias, Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia y brazo ejecutor durante su administración, aspira a ser nominado por el gobernante Partido Liberación Nacional (PLN) para las elecciones de 2014.
«El Ministerio Público debe acatar la solicitud del tribunal y procesar a Arias, que es el responsable político de esta barbaridad», dijo a AFP el líder del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC), Juan Carlos Mendoza.
Del lado del movimiento ambientalista, el ambiente era de euforia. Cientos de activistas se concentraron frente al edificio del tribunal y celebraron con banderas y silbatos la decisión de los jueces.
«Esto demuestra que en este país la justicia aún funciona y que hay espacios para que la sociedad civil pueda hacer sus planteamientos y dar luchas importantes», dijo a la AFP el dirigente ambientalista David Rojas.
«Ahora lo que procede es que la presidenta Laura Chinchilla cumpla con las órdenes del tribunal y proceda a cancelar la concesión», agregó Rojas, quien entre octubre y noviembre mantuvo una huelga de hambre de más de un mes, en compañía de otros activistas, en protesta contra el proyecto minero.
El abogado Edgardo Araya, uno de los demandantes, señaló que la sentencia «es el resultado de una lucha de 17 años que han dado los habitantes de la zona norte del país». Durante el juicio, «logramos demostrar claramente que el Estado fue absolutamente negligente», afirmó.
Los representantes de la compañía, por su parte, se negaron a dar declaraciones a la prensa, y una vez concluida la lectura del fallo abandonaron el edificio judicial protegidos por la policía.
La empresa canadiense tiene la posibilidad de recurrir el fallo ante una sala de la Corte Suprema de Justicia posiblemente a mediados de 2011.
Por su parte, la presidenta Chinchilla, que recientemente logró que el Congreso aprobara una ley prohibiendo la minería a cielo abierto, tiene la posibilidad de cancelar la concesión ahora o esperar el fallo de la Corte Suprema.
En caso de cancelar la concesión, el gobierno tendría que indemnizar a la compañía por un monto que sería objeto de otro proceso judicial.