La decisión de la justicia estadounidense que eximió de castigo a los ejecutivos del grupo bananero Chiquita por financiar a paramilitares en Colombia genera «perplejidad», afirmó ayer el canciller colombiano, Fernando Araujo.

«Desde el punto de vista formal la justicia de Estados Unidos tiene unos parámetros que merecen todo nuestro respeto, (pero) eso no quiere decir que la opinión pública no registre con cierta perplejidad que un caso tan importante no lleve como consecuencia a ninguna persona a la cárcel», dijo el canciller.

Un juez condenó ayer a la empresa estadounidense a pagar una multa de 25 millones de dólares por haber financiado a grupos de extrema derecha para lograr su protección entre 1997 y 2004, aunque sus directivos quedaron a salvo gracias a un acuerdo con la Fiscalí­a.

Araujo estimó que pese a ello, los ejecutivos implicados podrí­an ser procesados en Colombia, aunque aclaró que el tema le compete a la Fiscalí­a y no al gobierno.

«Naturalmente (pueden ser procesados en Colombia). Aquí­ lo que estamos viendo es un proceso de justicia que se ha llevado ante los tribunales americanos, por acusaciones ante los tribunales americanos, en los cuales Colombia no ha tenido ninguna participación», dijo a radio Caracol.