Probablemente usted está enterado del fallecimiento de la guapa modelo argentina Solange Magnazo, quien con sus bellos 38 años de vida, no estaba a gusto con sus bien formadas curvas, por lo que dispuso someterse a una operación estética en los glúteos, para que le agrandaran las nalgas -por supuesto- mediante un tratamiento que incluyó inyecciones de polimetilmetacrilato, que le provocaron embolia pulmonar y la muerte.
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Un caso algo similar a lo que le sucedió a la cantante mexicana Alejandra Guzmán, quien, también insatisfecha del tamaño de su trasero, acudió a una clínica en la que le inyectaron una extraña sustancia, con la promesa de que aquella parte de su cuerpo, tan codiciada por sus paisanos, luciría permanentemente hermosa, hasta la tumba.
Como a mí me es indiferente lo que le sucede a las actrices y actores en su vida privada, no le concedí importancia al afán de la cantante roquera de elevar sus nalgas; pero un artículo publicado en el espacio cibernético que me envió mi colega y amiga Isabel Arriaga, desde el estado mexicano de Guerrero, me puso en qué pensar.
Después de abreviar la historia de la forma como fue sometida al tratamiento estético la hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, el autor de la nota advierte que en México (y en Guatemala, agrego yo) sólo tres leyes se cumplen cabalmente: la Ley de Herodes, la Ley del Embudo y la Ley de Gravedad, y asegura que la tercera surtía sus efectos en este caso, porque el prominente trasero de la señora Guzmán «empezaba a mirar al suelo»; pero al haberle aplicado la desconocida inyección en sus nalgas, las de Alejandra Guzmán -no las suyas, estimada lectora- en vez de que sus glúteos se irguieran desafiantes, tomaron la forma de un paisaje lunar.
A lo que voy es que tan pronto como se supo que la cantante de rock estaba a  punto de estirar las bien torneadas piernas, entró en acción la justicia mexicana de inmediato, puesto que fue capturada la dueña de la clínica, y, después de una intensa búsqueda, el médico que aplicó las inyecciones fue apresado, al igual que ocho empleados de la empresa productora de la sustancia inyectada fueron a parar al bote. El desenlace del fallido levantamiento de nalgas: diez personas en el tambo y una mujer que no se puede sentar a sus anchas.
El periodista autor del artículo se lamenta de la amarga contradicción. Mientras las instituciones gubernamentales de México actúan con celeridad para ofrecer justicia a dos nalgas abatidas, los niños heridos (sin contar a los fallecidos) en un voraz incendio ocurrido en una guardería privada de Sonora, sus apesarados padres, sus familias en general y los habitantes de aquel Estado mexicano esperan consternados que se aplique la justicia. Y compara los resultados: por una parte, dos glúteos arrugados y 10 personas aprehendidas; y, por la otra, 49 niños fallecidos y una empleada detenida, cuya labor era revisar los menús.
Este balance pone al descubierto que las instituciones públicas de México están diseñadas para cuidar a la gente VIP, porque los niños heridos y fallecidos en Sonora, son mexicanos de segunda, y por ello el juez federal que atiende el caso fijó una fianza de dos mil pesos para los dueños de la guardería, a razón de menos de 41 pesos por niño, pero no incluye a los bebés que no murieron y que padecen las secuelas de las quemaduras de segundo y tercer grados.
(El cirujano estético Romualdo Tishudo cavila: -Para los guatemaltecos esta contradicción en la justicia es desconocida ¿O no?)