Los nuevos capítulos del escándalo financiero en el Congreso de la República que se estrenaron desde el viernes pasado con la entrega a la justicia del gerente de la Empresa Mercado de Futuros (MDF), Raúl Girón y la encerrona el martes en el Pleno con seis funcionarios, todos con la misma misión, recuperar los Q82.8 millones malversados, continúan acaparando la atención de la opinión pública nacional e internacional.
A la entrega de Girón antecedió el informe del interventor de MDF, Raúl Falla, que dejó estupefactos a los guatemaltecos, cuando sin ningún empacho anunció a los medios de comunicación que los US $11 millones del Organismo Legislativo y US $5 millones de los inversionistas privados depositados en esa casa de bolsa habían desaparecido.
Hubo suspicacias de distinta naturaleza sobre el funcionario, porque 24 horas después de realizar semejante anuncio se entregó su tocayo Raúl Girón. El martes, en la «cuasi» interpelación que se llevó a cabo en el recinto legislativo, Falla se retractó y dijo que sus declaraciones las había basado en un informe que le había proporcionado otro accionista de MDF, Jorge Mancilla y que solo había tenido acceso a cuentas nacionales y una extranjera de esta casa de bolsa.
Muy distante su versión original que daba cuenta que Girón le había proporcionado las claves para acceder a las cuentas nacionales y extranjeras.
Sin embargo, sus versiones encontradas hicieron abrigar entre algunos legisladores una esperanza de recuperar dichos fondos públicos, porque Falla también reconoció ante el Pleno que solo una auditoría forense podía determinar el paradero de los Q82.8 millones, de los cuales el superintendente de Bancos, Edgar Barquín, afirmó que Q26 millones MDF había utilizado para cubrir sus obligaciones y que parte de ese dinero fue a parar a cuentas particulares de 19 personas, cuyos nombres justificó que por ley no podía revelar.
Falla fue el funcionario más fustigado y lejos de posicionar su trabajo como interventor, no solo desnudó su incapacidad, sino que confirmó la desconfianza hacia su gestión. El levantamiento del embargo de dos cuentas de MDF, supuestamente para hacer efectivos salarios y efectuar algunos gastos de funcionamiento de la empresa, como el pago de alquiler, también despertó sospechas.
Veinticuatro horas más tarde, Falla fue separado del cargo y el tribunal que lo había designado fijó un plazo de tres días al registrador de la bolsa de valores, Eduardo Palacios, para que nombre su sustituto. No hay quinto malo, reza el conocido refrán, ya que nadie quiere aceptar ese puesto.
Lo que sí reveló Falla y que fue refrendado por Barquín es que de los Q82.8 millones, solo Q56 millones fueron invertidos en el extranjero en comodoties (materias primas). Esas son las dos rutas del dinero que se investiga, adicionalmente a las comisiones que particulares recibieron por el alto riesgo bajo el que fueron invertidos estos fondos públicos.
Mientras avanza la investigación y los capítulos de esta trágica comedia son más intensos, aumenta la sospecha contra el ex presidente del Congreso de la República, Rubén Darío Morales, en el sentido que está implicado más de lo que hasta el momento se cree. Su firma nunca la retiró de Banco Uno, donde se reunieron los fondos para que posteriormente el director financiero del Legislativo, José Conde con solo su firma moviera semejante masa monetaria a MDF.
El otro en el banquillo de los acusados, el doctor Eduardo Meyer, también ex presidente del Congreso, busca por todos los medios retrasar la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), respecto a su antejuicio, primero recusando a uno de sus integrantes y segundo interponiendo un amparo, porque según él, el juez pesquisidor, Napoleón Gutiérrez recomendó levantarle la impunidad parlamentaria por la comisión de varios delitos.