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El gigante de los medios sociales dijo que fiscales estadounidenses que investigan un caso de fraude por reclamación de beneficios por supuesta incapacitación consiguieron un caudal de datos de las cuentas de Facebook de más de 380 personas.

Facebook en definitiva entregó la información, pero apela la orden judicial que se le exigió, por considerar que constituyó una intrusión en la privacidad de los usuarios. La oficina del procurador de Manhattan y una jueza dijeron que las órdenes se justificaron.

La disputa se suma a una serie de enfrentamientos entre las autoridades y compañías de internet en torno a los esfuerzos de la administración de justicia para inspeccionar internet en busca de pruebas.

«Es parte de una tendencia hacia cuestionamientos más enérgicos de las compañías de internet en nombre de sus clientes», afirmó Orin Kerr, un profesor de derecho de la Universidad George Washington que se especializa en la relación entre computadoras y delitos.

La investigación comenzó en secreto en julio, cuando la jueza Melissa Jackson, de Manhattan, aprobó 381 órdenes de allanamiento de los textos de varios usuarios de Facebook, listas de amigos, fotos, mensajes privados y otros datos, según un documento judicial conocido el miércoles y reportado por el New York Times. Los usuarios van desde estudiantes de secundaria hasta abuelos, agregó Facebook en un documento la semana pasada.

Sesenta y dos de los usuarios figuran entre los 134 acusados en el caso, escribió el subdirector del departamento legal Chris Sonderby en un blog el jueves. No está claro si otros usuarios serán acusados.

Las órdenes judiciales buscaron recabar evidencias contra policías y bomberos retirados a quienes supuestamente los instruyeron para fingir que padecían traumas sicológicos aunque jugaban golf, andaban en motocicleta y vivían vidas saludables, colocando a veces las supuestas pruebas en Facebook. Más de la mitad de los 134 acusados se han declarado culpables. Los fiscales dicen que puede haber habido hasta mil implicados y anticipan que podría haber más acusados.

Facebook, con sede en Menlo Park, California, sostuvo que las órdenes judiciales eran demasiado amplias, como «el equivalente digital a incautarse de todo en el interior de una vivienda, con la excepción de que en este caso no hay una sola vivienda sino todo un vecindario de casi 400 casas».

Sin embargo la fiscalía indicó que dio al juez una explicación de 93 páginas acerca de por qué cada una de las cuentas solicitadas probablemente contenía pruebas.

«Los acusados en este caso mintieron reiteradamente al gobierno sobre sus capacidades mentales, físicas y sociales. Sus cuentas de Facebook cuentan una historia diferente», afirmó la portavoz de la procuraduría, Joan Vollero, en una declaración ayer.