Triste y vergonzosamente, Guatemala se ha convertido en uno de los paí­ses con mayores í­ndices de asesinatos de América Latina, pues según las estadí­sticas oficiales en el paí­s se cometen más de 6 mil 400 asesinatos cada año, mientras que los tribunales no emiten más de 350 sentencias (120 de ellas son absolutorias) por delitos contra la vida.

Lo anterior genera que el paí­s sea el escenario estúpidamente perfecto para cometer asesinatos, pues sólo cuatro de cada cien asesinos son procesados en el Organismo Judicial, los 96 criminales restantes continúan segando vidas por dinero o por placer.

Sin embargo, la impunidad en delitos contra la vida es sólo uno de los productos que esa fábrica de impunidad crea, la persecución penal en materia económica también es deplorable: Según análisis del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, el 96 por ciento de casos por delitos económicos no se resuelve, y el 75 por ciento de procesos que ingresan al sistema de justicia se refieren a defraudaciones o evasiones menores a Q50 mil.

Lo anterior otorga un nuevo trofeo a la impunidad, pero genera además en el Estado condiciones idóneas para el crimen.

Ante ese oscuro panorama que por años ha encaminado al paí­s hacia la más enfermiza descomposición social, la elección de quien encabezará la instancia encargada de la efectiva persecución penal se hace fundamental para que se alcance la tan anhelada paz y justicia social.

Amí­lcar Velásquez Zárate, fiscal general del MP, concluirá la gestión que estaba prevista para Juan Luis Florido, quien fue removido de su cargo a sugerencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, pues su parcialidad no daba para más.

Florido asumió la dirección del MP con el encargo del entonces partido gobernante Gran Alianza Nacional, habiendo sido electo como diputado por esa organización polí­tica con una clara y descarada visión derechista-empresarial.

Así­ que con ese antecedente, Florido no dejó ninguna duda de su parcialidad y su clara inclinación hacia ese sector de la población, y mejor ejemplo de ello son los resultados de su gestión, que al finalizar forzosamente dejó en ruinas al MP.

Según los informes de organizaciones de derechos humanos y seguridad democrática, en dos años de la gestión de Florido, la efectividad en la persecución penal no mejoró en lo más mí­nimo en comparación de quien antes presidí­a esa instancia. La impunidad entonces era calculada en 98 por ciento.

En comparación con la accidentada gestión de Velásquez Zárate, la impunidad decreció un 2 por ciento, lo que sigue poniendo a la institución en un absurdo, pues su nivel de efectividad en cuanto a la lucha por la justicia es patético.

La aplicación de la Ley de Comisiones de Postulación y el acompañamiento en la fiscalización de este proceso por parte de la sociedad civil organizada son fundamentales para este proceso y por ende, para el Estado, el paí­s y la sociedad.

La Comisión de Postulación debe garantizar la transparencia y la objetividad en ese proceso, y si el paí­s fracasa, se vendrá el estallido.