El gobierno colombiano extraditó hoy a Estados Unidos al jefe paramilitar de ultraderecha Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, pedido por narcotráfico, tras ganar el pulso a familiares de víctimas de éste que pedían que se quedara en el país para reparar por sus crímenes.
Jiménez fue extraditado hoy en un avión de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), pocas horas después que un alto tribunal judicial determinó improcedente un recurso de amparo para que el líder paramilitar permaneciera en Colombia, y así se garantizara el derecho de reparación a las víctimas de los escuadrones de extrema derecha.
Según el director de la Policía colombiana, general Oscar Naranjo, «Macaco» fue transportado en un avión Super King 350 de la DEA en la ruta Bogotá – Fort Lauderdale – Washington. «Ya se encuentra en la capital de Estados Unidos y tendrá que responder por sus crímenes», señaló Naranjo a periodistas.
El jefe paramilitar había sido sacado de la cárcel de alta seguridad de Cómbita (centro) en un helicóptero y llevado hasta el aeropuerto Eldorado de la capital colombiana donde lo aguadaba la aeronave con personal estadounidense.
«Durante su traslado (Jiménez) guardó silencio total. No hizo ningún comentario», enfatizó el director policial tras destacar que en su opinión el confeso líder paramilitar quería evitar su extradición hacia Estados Unidos, contrario a lo dicho por representantes de víctimas de esos escuadrones.
Al destacar la rapidez con la que el gobierno decidió extraditar al paramilitar, el ministro del Interior, Carlos Holguín, aseveró: «no esperamos cuando se trata de personajes de la peligrosidad de éste. Estamos suficientemente preparados para poder obrar con mucha eficiencia», enfatizó.
Jiménez se desmovilizó en diciembre de 2005, tras comandar por años el Bloque Central Bolívar, la más grande estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con unos 5 mil combatientes.
Esa desmovilización se produjo en el marco de una negociación en la que las AUC pactaron con el gobierno que sus miembros recibirán penas máximas de ocho años, incluso por delitos de lesa humanidad, previa confesión de sus delitos e indemnización a sus víctimas.
Organizaciones de derechos humanos habían pedido impedir la extradición de «Macaco» para garantizar que entregara a la justicia colombiana la información sobre los crímenes que cometió y se garantizará la indemnización a sus víctimas.
Tras la extradición, los representantes de las víctimas dijeron que seguirán su lucha jurídica para velar porque los bienes de «Macaco» lleguen a los familiares de las víctimas.
«La extradición de este paramilitar representa la inminencia de una violación al compromiso que hizo de confesar la totalidad de sus crímenes y la reparación a las víctimas. Ahora es muy improbable que se surta la reparación mientras este señor esté fuera del país», dijo el líder social Iván Cepeda.
Cepeda, hijo del senador de izquierda Manuel Cepeda -asesinado por este grupo paramilitar- aseguró que buscará hacer uso de los mecanismos jurídicos de cooperación entre Colombia y Estados Unidos para tratar de buscar que cumpla con la reparación.
Jímenez es acusado de narcotráfico por un tribunal de Estados Unidos, y según el gobierno su extradición fue autorizada debido a que había continuando delinquiendo desde la cárcel.