La extradición del expresidente Alfonso Portillo dejó importantes lecciones y dudas que aún no han sido resueltas. Analistas, activistas y empresarios opinan sobre los aspectos legales, judiciales y políticos ante el polémico caso.

Tras la sorpresiva extradición ejecutada ayer, hoy se conoció que el exmandatario enfrentará a la justicia norteamericana el próximo martes ante un juez federal para la lectura de cargos y declararse culpable o inocente, informaron hoy agencias de noticias.

Portillo es acusado por la Fiscalía Federal del distrito sur de Nueva York de utilizar los bancos de Estados Unidos para lavar millones de dólares obtenidos ilícitamente durante su mandato (2000-2004).

De esa forma, se sabe que Portillo podría ser condenado a un máximo de 20 años de cárcel y una multa de US$500 mil –Q3.9 millones- o el doble del dinero implicado en las transacciones ilegales –de US$70 millones a US$140 millones entre –Q546 millones a Q1 mil 92 millones- esto si se declara culpable de lavado de dinero.

También estaría comprometido a entregar en decomiso todo bien inmueble que haya adquirido con el dinero mal habido para compensar lo defraudado.

La Fiscalía de Nueva York basa la acusación en al menos 17 transacciones sospechosas en bancos de ese país, así como en Europa.

ACCIONES PENDIENTES
El abogado del expresidente, Mauricio Berreondo, indicó que aún se encontraban recursos pendientes de resolver por parte de la justicia guatemalteca, que a su criterio evitaban que Portillo fuera extraditado

Entre los recursos pendientes se encontraba una exhibición personal en el Organismo Judicial, así como dos amparos pendientes, uno sobre la extradición y otro por peculado, y un ocurso de queja ante la Corte de Constitucionalidad.

Sin embargo, la fiscal general, Claudia Paz y Paz, explicó que la extradición del exmandatario era procedente porque ya no había ningún recurso legal pendiente y de esa cuenta solo se ejecutó la parte administrativa de la misma.

Berriondo señaló “no es la Fiscal la que debería de dar ese tipo de declaraciones”, porque ya no le correspondía. El caso de Portillo ya estaba en manos del Ejecutivo, del Ministerio de Relaciones Exteriores. “La Fiscal ya no tenía nada que ver, ya había perdido el caso por peculado, cualquier declaración que dé no vale en este momento”, señaló.

Por su lado, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, informó ayer que a él le solicitaron entregar en custodia del expresidente Alfonso Portillo al Ministerio de Relaciones Exteriores para que  lo entregaran a Estados Unidos.

López Bonilla hizo referencia a un acuerdo de gobierno de 2011 en el cual se señala que luego de terminar todo el proceso legal, y sin ningún recurso pendiente, debía ser extraditado

MANIPULACIÓN
Según Helen Mack, de la Fundación Mirna Mack, el proceso que se llevó en contra del expresidente Alfonso Portillo sienta un precedente de que “la justicia se manipula de acuerdo a la conveniencia”, y plantea la falta de credibilidad y la debilidad de las instituciones.

La analista considera que si Portillo fue investigado, “todos los políticos deben estar sujetos a una investigación ya que siempre se ha conocido la corrupción que hay en el sistema”. Y quienes han cometido delitos no pueden ser superiores a la ley, señala.

Además dice que en todos los gobiernos se han escuchado actos de corrupción por lo que todos los expresidentes deben ser investigados. “Es allí donde se dice, ¿dónde está que la ley es la misma para todos?, no hay imparcialidad de la ley”, dijo Mack.

Javier Brolo, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asies), manifiesta que este caso tiene un precedente importante para el país, pues de esa forma los funcionarios independientemente del rango también son sujetos a los procesos legales, lo cual no se había dado con anterioridad.

Brolo dice que todos los involucrados en este caso deberían de ser investigados por haber participado en un proceso de corrupción, pero serán las autoridades quienes investiguen a los demás implicados.

Además considera que todos los funcionarios de los cuales haya causa legítima de sospecha de que han sido implicados en actos de corrupción podrían ser perseguidos, “porque si no se puede creer que es un instrumento de uso político donde algunos sí son sometidos y otros no”, acota Brolo.

¿INJERENCIA  EXTRANJERA?
Nery Rodenas, expresa que la extradición fue un hecho que sorprendió a todos. “Me preocupa que se haya dado de forma sorpresiva, en virtud que habían algunas acciones en ese momento, por ejemplo, la marcha de ayer contra la impunidad, de organizaciones sociales y de derechos humanos”.
Asimismo, comenta que tanto la comunidad internacional como distintas organizaciones emitirán siempre su opinión de acuerdo a conveniencia e intereses.
“Eso es lo contradictorio de algunos sectores. En algún momento critican la participación extranjera  -caso Portillo- y en otro la aplauden -caso Ríos Montt-. Esto tiene que ver con el tipo de intereses que persigan y actúan depende de lo que les convenga, y ha quedado visto en algunos sectores, principalmente el empresarial de Guatemala”.
Para el analista Luis Velásquez, existió intromisión y violación de la soberanía por parte de EE.UU., pero confía en que se respete el debido proceso.
“Hay presiones internacionales y no es correcto. En ningún caso debemos permitir este tipo de presiones y debemos mantener nuestra soberanía nacional. Esperaría que en EE.UU., se respete el debido proceso”.
Respecto a si resulta admisible o incoherente la participación internacional, Velásquez indica que los embajadores acreditados en Guatemala no pueden emitir opinión sobre asuntos internos, porque no es permitido en convenios internacionales como el Convenio de Paris y el de Viena.
Por aparte, Andrés Castillo, del CACIF, calificó de sorpresiva la extradición del exmandatario y dicen ser respetuosos del debido proceso.
“EE.UU., es la parte interesada, pero considero que no deben aplaudir ni criticar, sino deben mantener la imparcialidad en las decisiones judiciales”, culminó Castillo.