Las extorsiones se han tornado en una modalidad en nuestro país, afectando a miles de guatemaltecos, quienes al enfrentarse a los delincuentes por no querer pagar las grandes sumas de dinero que les exigen, pierden la vida, o se ven obligados a emigrar, especialmente a Estados Unidos, para evitar represalias de los malhechores.
El denominado impuesto de guerra es cobrado por delincuentes a pilotos de buses urbanos, propietarios de negocios e inclusive de casas particulares, y ha cobrado cientos de vidas inocentes, incluyendo menores de edad.
Este flagelo ha golpeado severamente a la clase económica baja, y no se puede caracterizar únicamente como violencia común, pues tiene vínculos estrechos con el crimen organizado. En la medida que no se le busque soluciones adecuadas, se expandirá y continuará afectando a toda la sociedad guatemalteca.
Habilitan número telefónico
Por tal razón y en busca de solucionar el problema, la Policía Nacional Civil (PNC) habilitó un número telefónico (2254-5637), para que las personas que sean víctimas de este tipo de delincuencia lo denuncien.
No obstante, analistas aseguran que únicamente con esta medida no se le dará solución a este problema, pues consideran que una sola acción no es suficiente, ya que se necesita investigación integral, que busque, con profundidad, los mecanismos para devolverle a la ciudadanía la confianza en los encargados de brindar seguridad.
El analista político ílvaro Pop considera que es necesario investigar el porqué en época electoral este tipo de acciones se ha incrementado.
«Yo considero que todo tipo de violencia, incluyendo las extorsiones, tienen que ser observadas desde varios lentes, en el que figura el proceso electoral, por lo que es necesario evaluar este asunto, no olvidando esas perspectivas», expresó el analista.
Investigación necesaria
Agregó que este tema debe ser tratado a nivel nacional, pues los actos de vandalismo se han incrementado en varios sectores del país y no solamente en la capital.
Pop asegura que luego de una profunda investigación, y conociendo las razones de este flagelo, se debe proseguir a tomar decisiones, en coordinación con el Ministerio de Gobernación y autoridades encargadas de brindar seguridad, para combatir esta calamidad, arrancándola desde la raíz.
Por su parte el analista político Víctor Ferrigno asegura que es necesario implementar una política de Estado contra el crimen, un órgano de inteligencia civil, jurisdicción del Estado sobre el territorio nacional, una nueva doctrina de seguridad ciudadana democrática, y nuevos órganos estructurales de la PNC.
«Considero que la disputa que existe es sobre el control territorial, entre el Estado y el vandalismo, lo cual es un fenómeno grave, porque provoca la migración», expuso Ferrigno.
Estado pierde gobernabilidad
Agregó «el hecho de que una persona tenga que emigrar por falta de seguridad en su país es gravísimo, porque evidencia que el Estado ha perdido totalmente el control y ha dejado por un lado la gobernabilidad».
Ferrigno aduce que el orden operativo debe ser cambiante, pues dependiendo de las modalidades que adopte el crimen, así debe actuar la forma de operar de la Policía, ya que para resolver de manera eficaz los problemas de la violencia, es necesario entender la lógica de los delincuentes.
Aunque parezca injusto, es necesario que las víctimas de las extorsiones busquen por ellas mismas salvaguardar su vida, puesto que esta ola de criminalidad continuará, si el Estado no busca mecanismos confiables que permitan frenar esta situación, para que no se siga extendiendo.