Las transferencias bancarias, que ofrecen 12 de los 18 bancos del sistema, son el medio ideal que utilizan extorsionistas para exigir dinero a sus víctimas y evadir a las fuerzas de seguridad.
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Las autoridades se encuentran en alerta frente a los procedimientos bancarios que implementan los extorsionistas, que les permiten evadir a la Policía y operar en la sombra de la impunidad.
A La Hora trascendieron tres denuncias que dan cuenta sobre cómo se utilizan las «transferencias locales» bancarias para cometer extorsiones.
Los informes refieren que de números de celular se reciben llamadas de delincuentes, que se identifican como miembros de la «Mara Salvatrucha» y piden una «colaboración» para supuestamente, enterrar a un integrante de su pandilla que fue asesinado.
En primera instancia, los delincuentes, que según las autoridades se encuentran en prisión, exigen una cuota «pequeña» de al menos mil quetzales, para lo que intimidan a las víctimas al advertirles que recogerán el dinero en su casa, aunque posiblemente no conocen su ubicación.
Después cambian la estrategia. Piden que se les transfiera el dinero por medio de los servicios bancarios, para lo que requieren que se efectúe el trámite y se envíe la clave de la transferencia que le otorga el banco a la víctima.
Cuando los extorsionistas confirman que ese dinero está en el banco, lo retiran en cualquier agencia. Posteriormente, retoman la comunicación con los afectados y exigen montos más grandes; se sabe que hasta por Q25 mil, a cambio de no asesinar a sus víctimas.
La transferencia permite evadir a las autoridades, debido a que puede realizarse en locaciones lejanas, pues no importa si es efectuada desde la capital hacia algún departamento o viceversa.
En los casos documentados por las autoridades se sabe que quien recoge ese dinero es un delincuente; un hombre que ha visitado distintas agencias bancarias en la zona 1 capitalina y El Trébol. Cada semana visita agencias bancarias en repetidas ocasiones.
Según las fuerzas de seguridad, es posible que este hombre utilice una identidad falsa, de una persona muerta o de una cédula robada. La información refiere que se trata de un grupo criminal organizado.
Al momento, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) rastrean los datos de esta banda de delincuentes, que ya ha sido individualizada por su forma de operar y de amedrentar a sus víctimas.
RíPIDO Y FíCIL
Para constatar las facilidades que representan las transferencias bancarias locales para los extorsionistas, La Hora realizó dos transferencias en dos bancos distintos. La operación fue sencilla y rápida, lo cual logró comprobar la facilidad de los delincuentes para obtener el dinero de una extorsión.
La operación inició con la transferencia del dinero en una agencia bancaria ubicada en la zona 1. El emisor únicamente debió presentar su cédula de vecindad, indicó el monto que deseaba transferir y el nombre del destinatario. Por la diligencia de Q200.00 el banco cobró una comisión de Q25.00 al momento de realizar el «depósito». Posteriormente se entregó una clave de envío.
La trabajadora del banco sólo solicitó el número de cédula de la persona a quien se le enviaría el dinero y un dato general de su ubicación, pero nunca se pidieron documentos que comprobaran tal extremo. Además, no se tuvo que llenar ningún documento especial.
Posteriormente, el receptor de la transferencia obtuvo el código al comunicarse con el emisor. Acudió al banco, indicó la clave de envío, presentó su cédula y el dinero fue liberado sin complicación. No obstante, el banco volvió a cobrar Q25.00 al momento del retiro, por lo que el receptor recibió Q150.00 en lugar de los Q200.00 depositados originalmente.
En las transferencias locales realizadas los depósitos no se realizan a ninguna cuenta bancaria, si no el banco, en calidad de depositario guarda y custodia el dinero hasta que el destinatario llega a reclamarlo. No hay cuentas de por medio, no hay formularios que llenar y tampoco se deben presentar constancias de agua, luz o teléfono, que comprueben las direcciones indicadas.
Los reporteros de este vespertino expusieron una situación de extorsión; se ofrecieron datos sobre cómo se utilizan las transferencias de ese banco como medio para cometer delitos.
Luego de trasladar la información, apelando a una respuesta, se solicitó información sobre una línea de denuncia para exponer el caso. Sin embargo, se ofreció un número que sirve para atender situaciones generales, y no precisamente vinculada a ese problema.
Cuando se cuestionó sobre los constantes movimientos de transferencias y las posibles sospechas que podría despertar esa situación, el trabajador del banco dijo que en esos casos se consultaba al MP y a la PNC, para que las autoridades asumieran la responsabilidad de las investigaciones.
Al puntualizar en un caso real de un delincuente, indicaron no saber nada y aconsejaron abandonar la vivienda extorsionada y dejar de pagar la cantidad que se exigía.
Las víctimas relatan que en muchos casos desconfían de los empleados bancarios, porque en ocasiones han tenido que depositar hasta 5 veces y ha sido la misma persona quien los atiende y los consuela ante la extorsión. ¿Si ellos colaboran, por qué a veces es tan difícil que las autoridades los capturen? Dijo una víctima de extorsión.
Una transferencia similar se efectuó en otro banco, con los mismos resultados y con los mismos requisitos, pero menor comisión.
SOSPECHAS
De acuerdo con Rony López, jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del MP, aún no se establece si existe una responsabilidad directa de los empleados en las transferencias que se realizan hacia los grupos extorsionistas. Por eso, han pedido la colaboración del sistema bancario que está dispuesto a proporcionar información.
«No se tiene la certeza específica para poder determinar que alguno de los sectores esté involucrado. Sin embargo, es necesario coordinar con las autoridades de los bancos, coordinar con los ejecutivos de los bancos, para que estas acciones no se den», indicó el experto.
«De alguna manera, ellos supervisan el buen servicio de los empleados bancarios hacia los usuarios y mucho más allá la seguridad bancaria, la seguridad de los cuentahabientes», dice López.
Según el funcionario, desde hace seis meses se coordinan las labores de investigación con los bancos del sistema. Pese a que en un principio se creía que no todos querían colaborar, se logró concretar el propósito.
Carmen Rosa de León Escribano, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible y miembro del Consejo Asesor de Seguridad, dice que en reuniones con la Vicepresidencia se ha abordado el tema de la telefonía y la extorsión, así como la necesidad de mejorar el sistema de seguridad en las transacciones.
De acuerdo con la profesional, los usuarios del banco deben emprender una campaña para solicitar mecanismos de prevención, pero también esperaría que el sistema bancario realice una propuesta para evitar que los usuarios se enfrenten a ese tipo de situaciones de riesgo.
De León indica que cuando estas inquietudes se trasladaron a la Asociación Bancaria de Guatemala, ésta mostró una reacción positiva para contrarrestar el problema, incluso, a raíz de eso, algunos bancos pusieron a disposición números de denuncia para que las víctimas informaran si pagaban extorsión o bien, para dar a conocer quien recogía esa remesa.
LEGISLACIí“N
La Ley de Bancos y Grupos Financieros, en el artículo 41, literal b y numeral 5, establece que los bancos dentro de los servicios que pueden prestar al público, está realizar transferencias de fondos.
El artículo 2 de la Ley de Supervisión Financiera, indica que la gestión de las entidades bancarias, entre la que se incluye la relativa a las transferencias bancarias, será siempre por cuenta y riesgo de la propia entidad, de sus administradores y de sus accionistas.
De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, su labor está enfocada a velar porque las entidades bancarias adecuen sus actividades y funcionamiento a las normas legales, reglamentarias y a otras disposiciones que les sean aplicables, así como que gestionen de forma adecuada a los riesgos que asuman.
Mientras que el artículo 56 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros estipula que «los bancos y las empresas que integran los grupos financieros deben contar con políticas» para una «adecuada administración de los diversos riesgos» a los que están expuestas, e incorporar «políticas, prácticas y procedimientos que les permitan tener un conocimiento adecuado de sus clientes con el fin que los bancos y entidades de los grupos financieros no sean utilizados para efectuar operaciones ilícitas».
Según la Superintendencia de Bancos, esto verifica a través de la supervisión a las entidades del sistema financiero.
A pesar de que existe una ley que regula la actividad del sistema financiero, los extorsionistas están utilizando el sistema bancario en total impunidad.
Rony López
MP
«CREO QUE LOS BANCOS saben lo qué pasa, porque han habido asaltos después de retirar dinero y ahora, deben reconocer cuando hay varios movimientos en una transferencia o en una cuenta. A mí me comentaron que en una agencia el empleado le preguntó al ciudadano honrado que llegó a depositar a un delincuente, si ese dinero era para pagar la extorsión, como si él supiera para quién iba», dice una víctima del flagelo, quien pide a los bancos que tomen cartas en el asunto.
«DESEAN AYUDAR»
«Nosotros hicimos un acercamiento con el sistema bancario donde nos hemos encontrado con algunos bancos en la buena voluntad de que quieren coadyuvar y apoyarnos en las investigaciones, sin embargo, no se deja de descartar de que en el sistema bancario en algunas agencias, algunos empleados tengan conocimiento del depósito de las extorsiones que se llegan a dejar en determinado momento», dice Rony López.
El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) continúan investigando varios casos relacionados a la participación de empleados bancarios en crímenes relacionados con extorsionistas y delincuentes.
El 2 de diciembre fue detenida Glendy Raquel Mauricio Palacios, de 25 años, empleada bancaria de un banco ubicado en la Avenida Reforma y 9ª. calle de la zona 9, acusada del delito de estafa en forma continuada y manipulación de información.
Según la División Especializada en Investigación Criminal (Deic), esta mujer falsificó depósitos que aparentemente venían de los Estados Unidos. Sólo en el mes de agosto simuló haber recibido 19 depósitos del extranjero cuya cantidad asciende a Q263 mil. El dinero lo retiraba en una agencia bancaria en Izabal.
En marzo pasado fueron detenidos Irma Yolanda Ventura Sosa, de 37 años y Gilmar Lombardi López Yool, de 38, ambos empleados de una agencia bancaria ubicada en la 7a. Avenida y 19 calle de la zona 1, sindicados por su presunta complicidad con grupos de extorsionistas al abrirles cuentas bancarias.
Los empleados manejaban las cuentas de los delincuentes y sacaban el dinero de cajeros automáticos para evitar sospechas, éstos fueron acusados por los delitos de estafa propia y manipulación de información.
En enero, fue detenida Cintia Graciela Vásquez Duque, de 33 años, quien se desempeñaba en 2008 como subjefa de un banco del sistema. Fue acusada por los delitos de robo agravado, equiparación de documentos, estafa propia y encubrimiento, al apropiarse de Q350 mil.
Monto transferido: Q200.00
Cobro del banco: Q50.00
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Monto recibido: Q150.00