La División Especializada en Investigación Criminal (Deic) ha dado a conocer un incremento de denuncias relacionadas a extorsión, provenientes del Preventivo para Varones de la zona 18; se cree que esto se debe a la llegada de un grupo de pandilleros de Chimaltenango a esa cárcel.

Investigadores de Deic afirman que los dí­as de mayor recepción de denuncias, son de lunes a miércoles, donde se conocen de 27 a 40, antes atendí­an unas 18.

Las pesquisas realizadas dan cuenta que la mayorí­a de estos delitos provienen del Preventivo, especí­ficamente en el Sector 11, donde guardan prisión 318 pandilleros.

Según se ha dado a conocer, esto se debe a la llegada de 46 miembros de la pandilla 18, que arribaron el pasado 18 de enero a ese centro de rehabilitación, pues aunque el problema siempre fue latente en ese sector, se agudizó con los «nuevos inquilinos».

Las ví­ctimas de extorsión son los empresarios y transportistas, dueños de pequeños comercios y familias.

Por su parte, Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario (SP) refiere que se buscan mecanismos para enfrentar el problema, aunque está consciente que este sector es uno de los más hacinados buscan las herramientas que permitan contrarrestar el flagelo.

A decir de Esquivel, con los bloqueadores de llamadas se ha logrado minimizar la situación, se ha puesto a disposición de la población el número 2220-7960, para atender denuncias y en los próximos meses esta cárcel contará con portales estériles para evitar que ingresen teléfonos celulares y otros artefactos que causan problemas.

Por su parte, el fiscal contra el Crimen Organizado, Rony López, afirma que la situación de los centros carcelarios es preocupante, principalmente por el hacinamiento en el que viven los privados de libertad, que no permite un control adecuado.

Según López, uno de los mayores retos es la individualización de la o las personas que cometen estos delitos, pues varios duermen en una bartolina hacinada que no permite identificar a los responsables.

El representante de la fiscalí­a indica que realizan constantes requisas para recoger el mayor número de celulares y chips que sirven para cometer hechos ilí­citos desde las prisiones; además de mantener verificación de los privados de libertad por medio de las escuchas telefónicas.