Aunque la adquisición o puesta en circulación de los bienes se realice dentro de un contexto criminal, no cambia en nada la naturaleza civil o mercantil relativa al dominio sobre las cosas, por lo que, los actos, negocios o contratos a través de los cuales se ha acumulado el patrimonio criminal se encuentran afectados de nulidad absoluta, desde el momento en que se realizan, y no pueden producir efecto jurí­dico alguno ni pueden ser revalidados legalmente bajo ningún concepto ni siquiera por el paso del tiempo, pues desde cualquier óptica son contrarios al orden público, el interés social y las leyes prohibitivas.

La Extinción de Dominio es la pérdida o privación definitiva de los derechos reales y accesorios criminalmente adquiridos, a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular, poseedor, usufructuario, tenedor u otra forma relativa al derecho de dominio.

Con esta ley de Extinción de Dominio se pondrá a disposición de las autoridades un instrumento para eliminar la riqueza criminal; mediante un procedimiento que garantiza la protección de los derechos constitucionales y legales de las personas que pudieran resultar afectadas injustamente por la acción de extinción de dominio.

La figura de la Extinción de Dominio no debe confundirse con la Confiscación o la Expropiación de bienes.

La confiscación es un acto jurí­dico que implica la cesación del derecho adquirido en forma lí­cita sin ninguna compensación, por lo que se prohí­be constitucionalmente. En cuanto a la expropiación constituye un negocio jurí­dico impuesto por el Estado por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, que tiene por objeto la transferencia de dominio de bienes adquiridos en forma lí­cita, siguiendo un procedimiento determinado en la ley de la materia y previo pago de indemnización.

La extinción de domino debe distinguirse del Comiso establecida en el Código Penal y en otras leyes especiales, así­ como de las responsabilidades civiles derivadas del delito. Ambas se realizan dentro del proceso penal y se declaran en la sentencia penal respectiva. El comiso recae en los objetos e instrumentos del delito y se condiciona a la culpabilidad del procesado; mientras que la acción de extinción de dominio se sustancia en un proceso autónomo, con reglas sustantivas y procesales diferentes a las del proceso penal o civil, y se dirige contra todo patrimonio delictivo, se encuentre o no bajo el dominio del delincuente.

El Estado, mediante esta ley, crea una figura que a diferencia de la confiscación, mantiene la protección de los derechos de terceros no responsables y de aquellos que de buena fe, que no hayan actuado con culpa o simulación, se hayan favorecido de ese tipo de bienes o ganancias; pero, eso sí­, que permita tomar medidas legales concretas contra el producto de la criminalidad organizada, con el fin de impedir, disuadir y destruir sus capacidades criminales, como una reacción legí­tima del Estado contra toda fuente de enriquecimiento criminal. Su finalidad es la de, por un lado, proteger a los ciudadanos honestos, probos y de buenas costumbres y, por el otro, desestimular el efecto nocivo e inconsecuente en la sociedad de la riqueza indebida.

Continuará.