El presidente Otto Pérez Molina, a través del Acuerdo Gubernativo 539-2013 publicado hoy en el Diario de Centro América, reformó el acuerdo de creación del Programa Nacional de Resarcimiento, ampliando la vigencia de esa instancia por diez años más.

El Acuerdo establece priorizar los beneficios individuales con especial atención a las viudas, huérfanos, discapacitados, adultos mayores y menores de edad.

La modificación establece la adición del artículo 2 bis, el cual indica que serán resarcidas las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el enfrentamiento armado interno, que se encuentren contenidos en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos reconocidos y ratificados por el Estado de Guatemala.

Las acciones que generaron las violaciones a los derechos humanos serán consideradas exclusivamente para los fines de la política de resarcimiento y las medidas integrales a impulsarse.

Según acuerdo, el resarcimiento por violación a los derechos humanos se realizará sin perjuicio de la persecución penal que proceda cuando los hechos que motivaron las violaciones sean constitutivos de delitos, tales como, la tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y violación sexual.

Además el acuerdo indica el manejo de los recursos: por lo menos el noventa por ciento del monto asignado al programa deberá destinarse exclusivamente a acciones propias de resarcimiento y el resto a funcionamiento.

MAYOR CONTROL
Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, considera correcto que se amplíe el periodo de vigencia del Programa Nacional del Resarcimiento, pero considera que se deben establecer mecanismos para que exista mayor control de los recursos, puesto que la falta de estos ha hecho que en el pasado ocurran actos de corrupción.

“Se ha convertido en una especie de botín. Durante el gobierno de Álvaro Colom hubo enriquecimiento ilícito de personas que se encontraban dirigiendo el Programa y en la SEPAZ, entonces no se puede continuar con esa dinámica” dice Polanco.

Además señala que “el dinero de las víctimas no puede servir para favorecer al enriquecimiento ilícito, es anti ético y amoral que el dinero destinado a las víctimas sea destinado a una persona nada más”.

BUSCAN TRANSPARENCIA
Antonio Arenales Forno, Secretario de la Paz, confía en que los recursos del Programa están siendo utilizados de la mejor manera y con transparencia.

Forno indica que se  firmó un acuerdo con Transparencia Internacional para la creación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas así como la consolidación de mecanismos de auditoría social.

Además indica que antes el programa tenía algunas limitaciones para su cumplimiento, pero que ahora con este acuerdo lo que se busca es que quienes resultaron afectados durante el conflicto armado interno se incorporen y sean beneficiados.