Por causas ajenas pospuse la publicación de este texto, referente a una información y fotografías de La Hora que me conturbaron, al percatarme que hombres de mediana edad se desplazaban en sillas de ruedas o apoyándose en muletas y bastones para avanzar lenta y dolorosamente por uno de los carriles del Anillo Periférico.

Alrededor de cien personas de la Asociación de Exsoldados y Exespecialistas de Guerra del Ejército de Guatemala, desesperados por la indiferencia del Ministerio de la Defensa Nacional, optaron por obstruir el tráfico de vehículos en esa arteria el lunes anterior, como suelen hacerlo otros grupos que tampoco son escuchados por autoridades del Estado cuando plantean sus demandas.

Probablemente algunos radicales de la atribulada e irreflexiva izquierda política censuren que sea yo, precisamente, que he sido severo crítico de los gobiernos militares por los excesos cometidos contra la población civil durante la guerra interna, quien pretenda salir en defensa de esos compatriotas que prestaron sus servicios al Ejército, porque posiblemente algunos de los manifestantes serían autores materiales de ejecuciones extrajudiciales, ordenados por sus superiores.

   Sin embargo, debe tomarse en consideración que, sobre todo, también son seres humanos que sufren las consecuencias del conflicto armado que ellos no propiciaron; que la mayoría de los soldados que participaron en la guerra fueron reclutados a la fuerza por oficiales y comisionados militares; que en casi todas las ocasiones no fueron esos efectivos los que decidieron por sí solos cometer atropellos y brutalidades en contra de guatemaltecos no combatientes, sino que estaban supeditados a sus jefes que les ordenaron proceder atrozmente; que muchos de los ahora discapacitados fueron heridos en combates contra los insurgentes, y adicionalmente, los que fueron sus superiores, con excepciones del caso, disfrutan ahora de la comodidad que les facilitan sus jubilaciones.

Partiendo de esos enunciados, que obviamente no puedo comprobar, lo menos que debo hacer es exigir al Gobierno que atienda sus peticiones, que básicamente consisten en la destitución del jefe del Centro de Atención al Discapacitado del Ejército, porque procede con “prepotencia, como si fuéramos parásitos”, según lamentan los incapacitados, que reclaman que se les otorgue modestas pensiones y que sean evaluados por médicos del Hospital Militar.

 Al margen de posiciones ideológicas, no debo permanecer indolente ante el sufrimiento de guatemaltecos de la clase popular que han sido olvidados por la institución a la que sirvieron. Si el Estado ha pagado millonarias sumas de dinero a exmiembros de las patrullas de defensa civil, también debe atender a quienes habiendo sido integrantes de sus tropas, estaban obligadamente al servicio de gobiernos dictatoriales y defendían involuntariamente intereses de la oligarquía, pero ahora que ya no les son útiles los marginan y menosprecian en medio de su infortunio.

(El recluta Romualdo Tishudo le grita a su jefe: –¡Coronel, se acerca un grupo de hombres! –¿Son amigos o enemigos? –Deben ser amigos porque platican entre ellos).