La organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) Guatemala, expresó preocupación debido a la cancelación de la residencia temporal a dos personas del equipo de voluntarios de PBI en el país

Afirmando que se trata de una medida injustificada y que ni las autoridades del Ministerio de Gobernación o de la Dirección General de Migración han hecho constar las razones de tal decisión.

Al hacer la consulta respectiva, la Dirección General de Migración señaló que la cancelación de la visa a estas personas obedece a que alteraron el orden público durante una manifestación contra la mina Progreso VII Derivada El Tambor, en San José del Golfo, el pasado 23 de mayo.

No obstante, una comunicación de la organización  PBI indica que “las dos personas señaladas en particular contaban con la residencia temporal otorgada en su favor”.

Según Fernando Lucero, vocero de Migración, la ciudadana española Éricka Maritza Martínez García y el chileno Danilo Denis Guerrero Díaz, infringieron los artículos 74 y 92 de la Ley de Migración, basado en fotografías donde supuestamente se muestra a los extranjeros lanzando piedras y otros objetos a las fuerzas de seguridad que pretendían desalojar a protestantes de La Puya.

En ese sentido, el entrevistado comunicó que a partir del 1 de julio los activistas extranjeros tienen 10 días para abandonar Guatemala por su propia cuenta o de lo contrario, procederá la expulsión del país.

Lucero desmintió que la medida derive de una política de persecución contra activistas extranjeros, pero advirtió que sí existen evidencias claras de perturbación e incitación a la violencia en otros lugares, no dudarán en expulsar a estos del país.

“Nos preocupa que la decisión de retirar la residencia temporal a dos integrantes de PBI pueda tener relación con informaciones falsas recogidas en medios de comunicación sobre el trabajo de observación internacional durante el desalojo”, denunció la ONG.