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En la justicia no tiene un proceso penal abierto porque sólo puede ser investigado por una comisión legislativa, que se caracteriza por la lentitud y la desidia para producir fallos.

Con 216 pedidos de investigación ante esa comisión por casos que van desde traición a la patria hasta ser el presunto cerebro que ordenó interceptar llamadas telefónicas y espiar a magistrados de la Corte Suprema, periodistas y opositores, Uribe, un abogado de 59 años, no se detiene.

Su popularidad está en 60%, contrario al 80% que disfrutó en ejercicio del poder a mediados de 2008 en medio de las más exitosas operaciones militares contra su más encarnizado enemigo: la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que asesinó a su padre Alberto Uribe en 1983.

En medio de ese torbellino en el que siempre parece estar envuelto, al menos media docena de sus más cercanos colaboradores o son investigados penalmente o tienen abiertas averiguaciones preliminares.

Uribe se niega a salir de la luz pública porque cree que su trabajo es evitar que Colombia pierda su rumbo y caiga en un caos.

«Yo no tengo condiciones para ponerme simplemente a vivir de ex presidente. Soy un luchador popular», dijo Uribe en una entrevista con The Associated Press (AP).

Pero su estrategia de permanecer a la ofensiva, y a la defensiva de sus logros de gobierno, puede ser contraproducente y lo expone a riesgos jurí­dicos pues sus enemigos buscan pruebas en su contra con la esperanza de ponerlo tras las rejas.

La semana pasada, Jorge Noguera, quien fue escogido personalmente por él para dirigir la policí­a secreta del paí­s y cuyo cargo dependí­a directamente de Uribe, fue condenado a 25 años de cárcel por el homicidio en septiembre de 2004 del profesor y sociólogo Alfredo Correa de Andreis, quien trabajaba por desplazados. La sentencia dice que la policí­a secreta, al mando de Noguera, suministraba a paramilitares nombres de personas de izquierda y activistas, como Correa, porque eran considerados como enemigos polí­ticos.

Cuando Noguera dejó el cargo en 2005, Uribe lo llamó un «buen muchacho», así­ como llamó a Andrés Felipe Arias, su «versión mejorada» cuando era candidato a sucederlo y quien hoy está acusado de haber entregado subsidios agrí­colas a familias ricas con propósitos polí­ticos cuando era Ministro de Agricultura.

La Fiscalí­a lo acusa de favorecer a terceros con dineros de un programa de subsidios y no cumplir con los requisitos contractuales.

Uribe personalmente ayudó a una de las sucesoras de Noguera en la dirección de la policí­a secreta, Marí­a del Pilar Hurtado, a obtener asilo en Panamá el año pasado. Hurtado es investigada en ausencia por espionaje.

Enfundado en un traje azul oscuro, de camisa azul clara y corbata a dos tonos de azul, el ex presidente (2002-2010) se sienta en una pequeña sala de la Universidad Militar Nueva Granada, al norte de Bogotá, donde ofreció el 26 de agosto una charla sobre los conceptos de terrorismo en el mundo tras los ataques de 11 de septiembre de 2001.

«Está bien…está bien. Esa es la democracia», dijo Uribe, tranquilo, encogiéndose de hombros, en la entrevista cuando se le preguntó sobre las investigaciones en su contra y las posibilidades de un juicio, dentro o fuera del paí­s, como en la Corte Penal Internacional, como lo han insinuado activistas y detractores.

La mayorí­a de los jueces, objeto de esos seguimientos ilegales pertenecen a la Corte Suprema, que ha investigado a unos 80 congresistas aliados a Uribe, de los que unos 40 fueron condenados por haberse aliado con el paramilitarismo para hacerse elegir con sus dineros o el poder de sus fusiles.

El más reciente capí­tulo fue protagonizado por el representante a la Cámara del izquierdista partido Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, quien divulgó el 8 de septiembre, en el Congreso, un testimonio en video de un ex paramilitar encarcelado que afirma que en una finca, que perteneció a la familia Uribe, se organizó un escuadrón paramilitar en los 90 y se cometió una masacre de campesinos.

El desmovilizado Pablo Hernán Sierra, alias «Alberto Guerrero», condenado por el homicidio de un lí­der indí­gena y que, según dijo, busca con sus señalamientos obtener beneficios de la justicia, no dice en el video haber hablado con Uribe ni haberlo visto dando órdenes para paramilitares.

Uribe negó la acusación y Cepeda cree que debe adelantarse una investigación al ex mandatario por la presunta conformación de grupos paramilitares.

Es «muy difí­cil que el ex presidente Uribe no resulte en algún momento en un juicio y creo que es cuestión de tiempo», dijo Cepeda.

Desde «la presidencia de la república jamás (se) impartió una orden ilegal», dijo Uribe cuando se le preguntó sobre si dio órdenes en el caso de espionaje. Uribe atribuye las acusaciones en su contra a una «venganza criminal» de sus enemigos.

Normalmente el ex mandatario se desplaza en Colombia en compañí­a de, al menos, diez escoltas.

Recibe unos 14.500 dólares al mes de pensión presidencial y vive en una casa de tres habitaciones dentro de un complejo al norte de Bogotá y reservado para altos oficiales de las fuerzas armadas.

Su esposa Lina Moreno vive la mayor parte del tiempo en una finca cercana a Medellí­n con su padre de 91 años, dijo Tomás, de 30 años, el hijo mayor, casado, de los Uribe-Moreno.

El otro hijo de la pareja, Jerónimo, de 28 años, es soltero y vive con su padre.

Nacido en el seno de una familia conservadora de Medellí­n el 4 de julio de 1952, Uribe comenzó su carrera polí­tica como alcalde de Medellí­n y luego fue elegido senador en los perí­odos 1986-1990 y 1990-1994.

Más tarde ganó la elección como gobernador de Antioquia, cuya capital es Medellí­n, para el perí­odo 1995-1997. De su paso por la gobernación surgen parte de las sospechas de sus contrincantes que alegan que Uribe apoyó la acción de grupos de autodefensa legales, llamadas «Convivir», algunas de ellas posteriormente vinculadas al paramilitarismo.

En el gobierno de Uribe «pudimos sacar a nuestros hijos a paseos fuera de la ciudad, hasta de noche, porque anteriormente la guerrilla de las FARC no dejaba hacer nada», dijo Marí­a Astrid Méndez, una ama de casa de 44 años. «Yo pienso (que) si el presidente Uribe hizo algo incorrecto, como le acusan de las ‘chuzadas’ (o espionaje) o de paramilitarismo la historia será el única que lo puede juzgar. Yo no creo que el presidente Uribe es paramilitar».

Tras salir de la presidencia el 7 de agosto de 2010, Uribe emprendió distintas actividades como ser invitado a dar seminarios en la Universidad Georgetown y participó en una comisión de las Naciones Unidas que investigó el asalto en mayo de 2010 de tropas de Israel de un barco de bandera turca, que intentaba llegar a Gaza con provisiones.

Cuando está en Colombia, la agenda de Uribe está llena de compromisos. El 18 de agosto pasado se produjo una de las indagaciones judiciales en el Congreso. A pedido del propio ex mandatario, rindió una versión pública ante una comisión legislativa sobre su rol en una denuncia de espionaje en la policí­a secreta.

En aquella intervención en el Congreso «me sentí­ triste porque yo les di garantí­as a todos los colombianos… Uno se siente extraño cuando le dicen ‘es que al lado (suyo) están las ví­ctimas»… Entonces, ¿yo soy el criminal y ellos son las ví­ctimas, los que recibieron todos los beneficios de la protección efectiva en mi gobierno?», dijo Uribe.

La comparecencia de agosto fue la segunda, porque el 16 de junio hubo un primer intento de interrogatorio para que Uribe diera su versión. Esa primera audiencia se vio frustrada y, molesto, Uribe salió entonces del Congreso y caminó unas 15 cuadras hasta un hotel del centro de la ciudad.

«Fascista», «paraco» o paramilitar, gritaban unos, mientras otros luchaban por romper el cerco de la seguridad y estrecharle la mano y besarlo, mientras se oí­an voces coreando «vamos Uribe, no nos vamos de dejar» (darse por vencidos); «vamos Uribe que a Santos le quedó grande esta vaina» (el gobierno).

«Yo lo que deseo es que (Santos) tenga todos los éxitos, que mi patria los necesita», dijo.

El presidente Juan Manuel Santos, cuyos niveles de popularidad alcanzan el 80%, ganó la elección en el 2010 bajo el paraguas de Uribe, de quien fue ministro de Defensa de 2006 a 2009.

Pero Santos ha irritado a Uribe al enmendar las relaciones con el presidente de Venezuela Hugo Chávez, a quien Uribe acusó repetidamente de tener relaciones con las guerrillas de las FARC.

Con una dosis de humor, Santos ha dicho que tiene un nuevo mantra, frase que se repite en meditaciones, «no pelear con Uribe. No peleo con Uribe. No peleo con Uribe», repitió Santos en una reciente entrevista con una televisora local.

Uribe dice que no tiene porqué quedarse callado con quienes lo «maltratan» a él, a su familia o a su gobierno.

Tal vez esa sea una de las acusaciones más frecuentes que le hacen: la forma como dice las cosas. A Cepeda lo llamó «sicario moral» por grabar en prisión el testimonio del ex paramilitar.

En un mensaje de Twitter del 22 de agosto pasado, al publicarse en el periódico The Washington Post un reportaje sobre cómo supuestamente ayuda estadounidense a Colombia habrí­a terminado en la policí­a secreta financiando el espionaje, dijo: «Washingtonpost ruego que investiguen a Juan Forero difamador de nuestro Gbno (gobierno) y ocultador del terrorismo».

Los tuits no han parado y replica por esa ví­a a todos. Luego de que el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresara en un foro en Bogotá que no confiaba en Uribe, éste tuiteó: «muchos colombianos repudiamos su permisividad con los narcoterroristas de las Farc».

La crí­tica es abierta y cuando se le pregunta si no considera que tales señalamientos pueden poner en peligro vidas, responde: «Â¿por qué?… son personas que no han sido imparciales frente a nuestro gobierno…personas que en alguna forma han publicitado al terrorismo».

El ex presidente dice que durante su administración se redujo el número de periodistas como de activistas asesinados y que en su gobierno «recuperamos las libertades polí­ticas».

En 2002, al inicio de su mandato, la tasa de homicidios en Colombia era de 66 por cada 100.000 habitantes. En 2006 era de 38 por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales.

La policí­a reportó que entre 2001 y 2002 hubo entre 3.401 y 2.896 secuestros. En los últimos años se han reportado 500 casos por año en promedio.

Las solicitudes de investigación en el Congreso son preliminares, sujetas a una decisión de apertura de investigación formal. Determinación que debe ser tomada por mayorí­a simple de los 15 miembros de célula legislativa y que son, en su mayorí­a, miembros de partidos en la coalición del gobierno de Santos, aliados de Uribe.

Con pocas posibilidades de que ese proceso prospere en Colombia, Cepeda cree que el caso puede pasar a instancias internacionales.

Mientras mira por la puerta al barullo de sus escoltas Uribe dice: «mientras el Creador nos dé energí­as hay que estar en la lucha», dijo, «yo no tengo temperamento…para retirarme».