Al principio de este mes comenzó la zafra en los 15 ingenios de la costa sur, actividad laboral que consiste en cortar y limpiar la caña de azúcar por un salario que no sobrepasa los Q30.00 diarios. La explotación de la fuerza laboral en pleno siglo XXI solo indica que los 516 años pasados desde la invasión española seguimos afrontando condiciones de vida deplorables, ya que aun existen familias adineradas que convierten los recursos naturales y la persona como objetos de explotación.

Cada año se trasladan miles de campesinos a limpiar cañas sin percibir un salario digno y ejecutan dicha actividad sin cumplir los derechos laborales que establecen las leyes nacionales y el Convenio 169 de la OIT. Es innegable que la industria azucarera es uno de los negocios más rentables, pero solo contribuye a la explotación de los trabajadores, principalmente indí­genas del Altiplano. La Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA), en cada época de zafra genera más de 33 mil empleos temporales, pero éstos son desfavorables a los trabajadores al no establecerse contratos escritos que fija el tiempo de empleo, naturaleza del trabajo y las condiciones de pago.

Las ganancias que perciben los finqueros son contrarias a la realidad, no aceptan ser pudientes en detrimento de los trabajadores rurales y lo más condenable es resistirse a pagar impuestos. Durante estos dí­as existe una oposición sistemática contra nuevos impuestos, haciéndose creer a la población que habrá repercusiones en la economí­a nacional, lo cual es una farsa. No me opongo a las inversiones y a las actividades empresariales, pero creo saludable señalar actitudes nefastas que perjudican la situación de vida de millones de guatemaltecos.

Para financiar el presupuesto de la Nación 2009, los diputados deben hacer un esfuerzo en aprobar impuestos a favor del Estado, ya que la tasa impositiva de nuestro paí­s es la más baja en Latinoamérica y tenemos un presupuesto más pequeño en relación a la economí­a. Mediante la modernización fiscal se podrá mejorar la situación de vida de la población y encarar la pobreza y extrema pobreza en que vive la mayorí­a de los ciudadanos. Tanto particulares e instituciones estamos obligados a pagar impuestos según capacidades de pago. El sector empresarial organizado y los diputados populistas deben dejar en el pasado la mente anacrónica y retrasada de rechazar impuestos, sino es imperativo cumplir nuestra responsabilidad ante el Estado y crear una cultura tributaria.

La desigualdad y la explotación de la fuerza laboral que ha impulsado el actual sistema económico deben desecharse mediante impuestos. Con leyes estrictamente cumplidas se podrá garantizar que los ciudadanos asalariados no sean afectados como sucede actualmente donde los pequeños contribuyentes cumplen sus responsabilidades y algunos malos empresarios se han dedicado a la evasión fiscal. Que esas recaudaciones se inviertan a favor de sectores sociales excluidos y vulnerables. Asustan los impuestos, pero es obligatorio sacar a flote los programas sociales y cumplir con las promesas del gobierno con los pueblos indí­genas y campesinos, quienes fueron los que lo respaldaron electoralmente.

Las batallas polí­ticas para lograr la aprobación más impuestos y un presupuesto acorde a las necesidades del paí­s, deben ser discutidas con argumentos y no con discursos demagógicos. Corresponde al Organismo Ejecutivo cumplir ofrecimientos sin distinción; a la oposición polí­tica fiscalizar el uso de los recursos sin protagonismos partidarios o no seguir privilegiando intereses de empresarios que les financiaron sus campañas electorales. Basta ya.