El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se verá privado a partir de mañana de sus poderes excepcionales para legislar otorgados temporalmente por el Parlamento, que le permitieron durante año y medio promulgar sin debate cerca de 40 leyes.
La Asamblea Nacional, unicameral y casi en su totalidad oficialista, cedió esos poderes el 31 de enero de 2007 por un periodo de 18 meses para que Chávez elaborara y adaptara varias leyes a la reforma de la Constitución de corte socialista que promovía en aquel momento.
En tinta roja, color que identifica a sus partidarios y «en el nombre de Dios y de la revolución», el presidente venezolano firmó este decreto que le otorgaba «superpoderes» para hacer realidad su proyecto socialista.
Sin embargo, la reforma constitucional fue rechazada en referendo el pasado diciembre, y del centenar de leyes que Chávez se propuso aprobar, apenas promulgó 39. Entre ellas destacan las nacionalizaciones de las compañías de telecomunicaciones y electricidad, de la siderurgia y las cementeras, además de la transformación de las empresas mixtas petroleras de la faja del río Orinoco.
Este es el periodo más largo de la historia democrática de Venezuela en el cual un gobernante ha tenido poderes especiales para legislar por decreto, y hacerlo además sobre la más amplia variedad de temas: desde la transformación de las estructuras del Estado y la ordenación territorial hasta los ámbitos económico y social.
Para el sociólogo Ignacio Avalos, de la Universidad Central de Venezuela, el vencimiento de los poderes legislativos especiales de Chávez «da un respiro» que permitirá que se regrese «a la forma en que debe funcionar una democracia: con el Parlamento legislando».
«El balance final de la aplicación de la ley habilitante (los poderes extraordinarios) es malo, pues leyes importantes como la que creó una Policía Nacional salieron de forma no consensuada», apuntó Avalos a la AFP.
«Lo que debió ser el debate parlamentario se dio de manera informal y fuera del ámbito de la Asamblea Nacional», comentó el analista, recordando también la decisión de Chávez de derogar una polémica ley de inteligencia y contrainteligencia, ante el rechazo que provocó en la sociedad su promulgación sin consulta en junio pasado.
El diputado Juan José Molina, del partido disidente del chavismo Podemos, aseguró que esta ley habilitante no será prorrogada y tampoco habrá en el mediano plazo una nueva solicitud de poderes especiales por parte del presidente.
«Hoy termina una de los capítulos parlamentarios más tristes. Asumimos a partir de ahora la responsabilidad de legislar con leyes viables, que puedan ser cumplidas por todos los venezolanos. Vamos a tener nuevos debates que van a fortalecer la gestión parlamentaria», aseveró Molina, cuyo partido había votado a favor de los poderes especiales.
Desde que asumió por primera vez la presidencia en 1999, Chávez ha utilizado poderes especiales para legislar en tres ocasiones: en 2000, cuando aprobó 50 leyes, y en 2001, cuando aprobó 51.