Las presiones del Gobierno para la aprobación de los préstamos y el anuncio de las manifestaciones, para algunos analistas podrí­an tener un doble propósito, esto es, el apoyo a la candidatura de Sandra Torres.

El Presupuesto del Estado 2011 requiere, para estar financiado, de la aprobación de préstamos por Q6,526 millones y de la Ley antievasión II, con la cual se espera recaudar Q1,500 para el fisco.

En total, la  oficialista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presiona para que el Congreso de luz verde a dichos rubros que representan Q8,026 millones.

Para el analista Hugo Maul, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales -Cien-, esta situación “es una gota más que se derrama”, ya que la ampliación presupuestaria tendrá influencias negativas en la negociación del próximo presupuesto (entre agosto y septiembre), ya que de nuevo se va a pedir más recursos, lo que podrí­a generar más endeudamiento para el paí­s.

Renzo Rosal, analista independiente, el tema de aprobar presupuestos desfinanciados, aprobar excesivamente transferencias absolutamente opacas, el fomento de una práctica de corrupción “todo este tipo de cuestiones dan como resultado resoluciones que me parecen absolutamente irresponsables del señor Presidente”, en el sentido que ha sido el propio Ejecutivo, en confabulación con bancadas del Legislativo, que han contribuido a tener la situación de erosión presupuestaria que actualmente tenemos.

Para Maul, ahora lo que hacen es “mover masas para presionar y lograr sus objetivos”, “este gobierno ha perdido tanta credibilidad, que muchos grupos están haciendo presión para que se les hagan efectivas las promesas”.

Evidentemente esta semana va a ser de mucha confusión, indica Rosal, porque movilizar a sectores “que evidentemente conformaron alianzas con el Ejecutivo y movilizarlos ahora, digamos que con el pretexto de hacer presión para que se puedan aprobar préstamos, evidentemente son acciones que son en favor de la candidatura de Sandra Torres, es una manifestación que tiene doble propósito y ambos son absolutamente perversos”.

Rubén Darí­o Narciso, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Asies, señala que esta puede ser una medida de presión para los diputados, pues estima que las reducciones se harán en obras que les afecten a ellos y sus fines proselitistas y no en los programas sociales que de alguna manera han sido utilizados por el Ejecutivo.