Luego de que se llegara a un acuerdo entre autoridades de Gobierno y empleados de la Portuaria Quetzal, quedó en suspenso el contrato de usufructo firmado con la empresa española Terminal de Contenedores de Barcelona; sectores ven positiva la suspensión.
jgarcia@lahora.com.gt
Mientras tanto, se conformó una comisión de diálogo, no para negociar, sino para aclarar dudas a los sindicatos de la Portuaria. Asimismo, juristas consideran que el contrato no se trata de un usufructo, sino de una concesión.
El abogado Gabriel Orellana explicó que en lo acontecido con la EPQ, el nombre no cambia la esencia de lo que es en el fondo el negocio jurídico, “aquí, aunque lo hayan disfrazado de contrato de usufructo oneroso, en el fondo es una concesión”.
Según Orellana, el plazo por el que está siendo concedido es una razón de peso para considerar que la contratación fue una concesión. También refirió otro punto: el Interventor no tiene facultades para ceder un contrato tan grande.
Además manifestó que la Ley Orgánica de la Empresa Portuaria define las funciones y propósitos de dicha entidad, mientas que la Ley de Contrataciones rige en la ausencia de disposiciones especiales de la ley orgánica, como sucedió en este caso.
“El usufructo no está definido en la Ley de Contrataciones, en cambio la ley de Contrataciones señala las concesiones, por lo tanto, aquí hay un fraude de ley al tratar de decir que el usufructo oneroso sustituye a la concesión”, concluyó.
El artículo 95 de la Ley de Contrataciones establece que se entiende “por concesión la facultad que el Estado otorga a particulares, para que por su cuenta y riesgo construyan, produzcan, monten, instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren y administren una obra, bien o servicio público, bajo el control de la entidad pública concedente, con o sin ocupación de los bienes públicos, a cambio de una remuneración que el particular cobre a los usuarios de la obra, bien o servicio.”
DIÁLOGO, NO NEGOCIACIÓN
Según el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Cuevas, no se conformó una comisión para revisar el contrato de usufructo a la empresa Transporte de Contenedores Quetzal (TCQ), subsidiaria de TCB, sino una comisión de diálogo para aclarar dudas a los sindicatos de la Empresa Portuaria Quetzal.
De acuerdo con Cuevas, lo que se conformó es una comisión de diálogo integrada por el ministro de Trabajo, Carlos Contreras; el interventor de la Portuaria, Allan Marroquín; y entre dos y tres delegados de los sindicatos de la portuaria.
VEN POSITIVA SUSPENSIÓN
Ayer las autoridades del Gobierno llegaron a un acuerdo con los empleados de la Portuaria Quetzal, donde quedó en suspenso el contrato de usufructo firmado con la empresa española Terminal de Contenedores de Barcelona.
En ese sentido, Leonel Lira, diputado de Encuentro por Guatemala (EG), calificó de correcta la decisión del Ejecutivo, tomando en cuenta que las dudas que existían sobre el negocio ya eran “demasiadas”.
“Esperamos que este tiempo de aplazamiento sirva para hacer un análisis real e imparcial, de qué fue lo que sucedió; atrasarlo para que se le baje la presión mediática al tema, y que si se encuentra que hay anomalías y que hubo una disposición a modificar normas para otorgar el contrato, que se deduzcan las responsabilidades penales contra los implicados”, dijo Lira.
Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Transparencia del Legislativo, dijo que es importante reconocer que el Presidente finalmente entendió que hay múltiples vicios en el procedimiento que se utilizó.
“Hubo una evidente necesidad de simular el contrato para evadir la transparencia del proceso, por otro lado, la comisión de trasparencia, estamos terminando de evaluar delitos que se pudieron haber cometido en la elaboración y firma del contrato”, dijo Pop.
De acuerdo con este diputado, la Comisión de Trasparencia prepara una denuncia en contra del Interventor, Allan Marroquín, por los delitos de incumplimiento de deberes, violación a la Constitución, abuso de autoridad, fraude y fraude de ley; no obstante manifestó que analizarán el estado en suspenso del contrato.
El analista político, Renzo Rosal, vio la decisión del Ejecutivo afortunada, “fue producto de la presión que se generó de diversos sectores que manifestaron sus dudas sobre el tema de la poca información y claridad del proceso y posteriormente, además del tema de la poca transparencia, que fueran cuestionando el contenido de orden jurídico, fue una medida”.