Patricia Sellers, fiscal que participó en el juicio por genocidio en Ruanda, en 1994, se presentó al debate oral y público en contra de Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, como parte de un equipo de observación del Center for Justice and Accoutability (CIJ), donde comparó la masacre de Guatemala a la ocurrida en otros países, como Ruanda y Alemania.

Al ser entrevistada por La Hora, Sellers señaló que el proceso celebrado por la muerte de mil 771 indígenas reviste suma importancia para el pueblo puesto que se comprobará de forma jurídica que existió genocidio.

“Es la primera vez que en América que se llevan a los tribunales los actos genocidas contra poblaciones indígenas, y que aquí ocurrió en una época muy importante de la historia del país, donde la gente que debía tomar las decisiones talvez sean los culpables de este genocidio”, expresó.

También agregó que normalmente se considera que las masacres contra una población son cometidas por gente que viene de fuera para matar, sin embargo, hay excepciones, como el caso de Alemania donde el mismo pueblo cometió genocidio  y  el caso de Ruanda con el intento de exterminio de la población tutsi por parte del gobierno de dicho país.

“Talvez vamos a ver por tercera vez un genocidio contra su propio pueblo”, subrayó y agregó que “me toca mucho, porque Guatemala responde a los convenios internacionales y puede alcanzar justicia para su propia sociedad”.

Por último, la fiscal Sellers acotó que el Estado tiene la obligación de proteger a sus habitantes de los actos genocidas “y ahora puede reivindicarse”.

ACUERDOS DE PAZ
Mientras se desarrolla el juicio contra los militares, un grupo de 12 altos exfuncionarios de Gobierno y signatarios de los Acuerdos de Paz, firmaron un campo pagado en el cual manifestaron que la acusación de genocidio constituye un peligro inminente de que la violencia política reaparezca, traicionándose así el objetivo y la conquista de la paz.

En ese sentido, representantes de organizaciones querellantes en el juicio rechazaron el contenido de dicha publicación, afirmando que el proceso en ningún momento busca una lucha social.

Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), enfatizó que “aquí no se está polarizando, aquí se está solicitado a la justicia guatemalteca el acceso a la misma y que las víctimas del conflicto armado interno tengan una justicia por las violaciones a los derechos humanos que sufrieron”.

Por aparte, Anselmo Roldán, vicepresidente de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) restó importancia de lo publicado, ya que asegura que son pocas personas los firmantes.

CONTINÚA PROCESO
En tanto, está mañana el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo, inició con la recepción de declaraciones de los testigos a favor de los militares. Alfred Kaltschmitt, empresario y columnista, aseguró durante su relato que en Guatemala no existió el genocidio.

De  la parte acusadora fue presentado un video de una entrevista realizada a Ríos Montt en 1982, en la cual dijo a una periodista “el valor nuestro es la capacidad de responder a las órdenes de mando, porque si no puedo controlar al Ejército, entonces qué estoy haciendo aquí”.