El ex primer ministro irlandés Bertie Ahern recibió por lo menos 209.779 euros (276.000 dólares) en pagos secretos y cometió repetidamente perjurio al ser interrogado bajo juramento judicial sobre el tema, concluyó hoy una investigación largamente esperada.
Los tres jueces encabezados por Alan Mahon no llegaron a encontrar culpable de corrupción a Ahern, al no tener pruebas de que el ex primer ministro hubiese hecho favores a ninguno de sus donantes cuando era ministro de Hacienda en la década de 1990.
Empero, encontraron culpables de corrupción a otros dos miembros del Fianna Fail de Ahern y el comisionado de la Unión Europea Padraig Flynn, al pedir pagos de constructores para uso personal.
Aunque el informe fue de por sí una recopilación de datos y no una declaración directa de conducta delictiva, el partido Fianna Fail anunció que había pedido a la fiscalía estatal que lo use para enjuiciar a cualquiera que hubiese recibido sobornos, obstruido la justicia, evadido impuestos o cometido otras ofensas.
Ahern, cuyo extraño y en ocasiones increíble testimonio en el 2007 acaparó la atención nacional, negó haber cometido irregularidad alguna pero dimitió en el 2008 tras 11 años en el poder. No formuló respuesta alguna al escrito del jueves.
Su contador y amigo personal, Des Peelo, reconoció que el testimonio de Ahern fue de difícil aceptación, pero agregó que los jueces no pudieron demostrar que Ahern hubiese mentido.
«El hecho de que algo sea extraño no implica que no sea cierto. Algunos aspectos de estas operaciones financieras fueron extraños», dijo Peelo.
Varios legisladores del Fianna Fail pidieron al presente líder Micheal Martin que expulse a Ahern del partido como castigo. El partido perdió el poder el año pasado y los votantes diezmaron su representación parlamentaria, una derrota histórica producto de las humillantes negociaciones que tuvo que mantener Irlanda para obtener un rescate internacional que impidiera su bancarrota. Ahern, de 60 años, no se postuló a la reelección.
Fue tan grande el interés en el informe final del juez — de 3.211 páginas y producto de 15 años de investigaciones que costaron al erario más de 200 millones de euros (260 millones de dólares) — que la página de internet de los investigadores quedó inutilizada repetidamente debido a la saturación.