El inicio del juicio contra un hombre de 47 años que recién había salido de prisión, y que es acusado de violación en forma continuada contra dos de sus hijas, entre otras cuestionantes plantea: ¿qué alcance tiene el Sistema Penitenciario en el tema de la readaptación social?
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El debate inició puntual. El reo sentado al fondo de la sala de audiencias con la mirada clavada en el suelo, mientras su abogado defensor revisa algunos documentos sobre el escritorio.
Juan Alberto Bámaca es actualmente acusado del delito de violación en forma continuada; según la acusación del Ministerio Público (MP), los hechos ocurrieron en 2005 contra la niña mayor, cuando ésta cumplió 12 años; y en 2006, cuando la niña menor cumplió también los 12 años.
El expediente refiere que Bámaca recién había concluido una pena de 20 años de prisión, impuesta por un tribunal de sentencia por el delito de plagio y secuestro. El delito sexual se dio dentro del seno de su familia dos meses después que el imputado abandonara la prisión tras cumplir su condena por el antes descrito delito. El hecho fue denunciado por el hermano mayor de las víctimas.
Las afectadas declararán durante el desarrollo del debate ante el Tribunal Décimo de Primera Instancia Penal.
Situación de las cárceles
ílvaro Arriaza, director del SP, explicó en primer lugar que actualmente existe una Subdirección de Rehabilitación Social dentro de esa instancia, la cual está compuesta por tres áreas: social, educativa y laboral.
«La primera incluye aspectos religiosos, culturales y deportivos y las visitas a familiares; la parte educativa se refiere a la alfabetización; y en lo laboral pues se intenta especializar a los reos en algunos oficios», refirió el entrevistado.
Arriaza reconoció: «no estamos al ciento por ciento, y no podemos hacerlo como se quisiera para que los reos puedan al menos ganar el salario mínimo, pero estamos trabajando».
El problema, según el director del SP, que se da en la ejecución del programa de rehabilitación es que «no todos los reos entran en ese proceso, pero hay que motivarlos» y añadió que la readaptación a la sociedad no puede ser garantizada «porque dentro de un penal perdemos el contacto con las o los reclusos», enfatizó.
Iduvina Hernández, analista de Seguridad en Democracia (Sedem), declaró que el SP «no garantiza la reinserción social de los reclusos».
Hernández refirió que con todos los cambios que se han producido a lo interno de esa instancia, se ha logrado la rehabilitación de quienes son privados de libertad por cualquier delito.
«Teníamos un penitenciario destruido y sin capacidad de garantizar la reinserción o contribuir contra la delincuencia; hubo avances en la administración de Adela de Torrebiarte, quien se enfocó en corregir la mayoría de las debilidades del SP, luego tras la destitución de Margarita Castillo sólo se ha ido para atrás», manifestó la analista.
La entrevistada añadió que la administración actual del SP «bajo ninguna circunstancia está enfocada en cambios» y agregó: «se necesita personal idóneo que garantice llevar a cabo de forma profunda las reformas que ya están planteadas».