Definitivamente, en Guatemala parece haber muchas formas de entender e interpretar los acontecimientos que a diario suceden. Uno de ellos, por ejemplo, es quiénes deben pagar impuestos y en qué se deben gastar de parte de los gobernantes; es decir, si en proveer seguridad y justicia, o además de eso, servicios básicos como salud y educación, entre otros.

Un más podría ser la manera en que los recursos naturales del país deben explotarse y para quién debe ser el beneficio, si para los que habitan las áreas geográficas donde se instalan los proyectos o también para quienes tienen capacidad de pagar el precio del producto o servicio que generan, sean o no residentes del lugar.
En ese sentido, los compromisos adquiridos por el gobierno con los dirigentes de campesinos que marcharon por más de una semana desde Cobán, Alta Verapaz, para llegar a la ciudad capital y exigir respuesta a sus demandas, sí que provoca opiniones encontradas.

De las varias decenas de peticiones que traían los campesinos, se concedió de parte del gobierno conocer algunas, siempre y cuando se deba cumplir con ciertas condiciones en los procesos institucionales que la administración gubernamental encarna, para no comprometerse a ciegas, sin antes conocer qué involucra cada promesa.

Sin embargo, existe la opinión de parte de un sector de la población, que cree que si de hacer marchas se trata y andar pidiendo cosas de nunca acabar, otros ciudadanos podrían pensar en exigir condonación de deudas como esas que pesan en las finanzas personales, como las tarjeras de crédito, el pago de la hipoteca de la vivienda o el saldo del préstamo por el carro.

Y cualquiera podría pensar que tienen razón. Pero lo que es necesario entender, es que una cosa son deudas que permiten a las personas mejorar su nivel de vida, cuando ya existe un piso de ingresos, y por tanto vivir mucho más arriba del nivel de la línea de pobreza, y uno muy diferente, tratar de obtener tierra para trabajarla y alcanzar siquiera superar en cierta medida la línea referida.

Las peticiones de los campesinos, si bien es cierto que algunas rayan en lo imposible, como dejar de explotar ciertos recursos naturales, también es que la mayor parte simplemente está pidiendo que se le dé la oportunidad de gestionar su propio desarrollo con lo que saben hacer: cultivar la tierra.

Y tampoco es que se reparta la que todavía le queda al Estado como se venga en gana, sino utilizando criterios que prioricen de verdad el aumento del nivel de vida de quienes la trabajarán. 

Pero se debe tener en cuenta, que los compromisos que pueda llegar a cumplir el gobierno, serán aquellos que se enmarquen en la estructura agraria que existe desde hace mucho tiempo, porque de mi parte, por ejemplo, dudo que la iniciativa de ley de desarrollo rural integral pase en el Congreso, al menos como  fue planteada en un inicio, que bien parece un intento de reforma agraria, que obviamente el gobierno no estaría dispuesto a respaldar, aunque argumente conocer la realidad del país en ese aspecto.

El inconveniente que existe, además de la percepción ciudadana errónea que los campesinos todo lo piden de regalado, es que hace falta unidad de criterios entre todas las organizaciones que representan a ese sector, cuya ausencia debilita en cierta medida sus exigencias. Porque el lunes de esta semana, por ejemplo, el Presidente se reunió con organizaciones que pedían fertilizantes gratuitos y el martes, con las de la marcha, exigiendo cosas diferentes, con las cuales los primeros se solidarizan pero no comparten por completo.