Ambientalistas de varios estados de Norteamérica demandaron el respeto de los derechos humanos de las comunidades afectadas por la minerí­a en Guatemala, en el marco de la conmemoración del Dí­a de la Tierra, que se celebra hoy.

Unas mil 500 personas, en su mayorí­a estudiantes de secundaria y universitarios de los estados de Massachussets, New Hampshire, Maine, Connecticut, Rhode Island y Nueva York, se congregaron frente a las oficinas del consulado de Guatemala, ubicada en Nueva York.

Los activistas también organizaron plantones frente a las sedes diplomáticas de China, Sri Lanka y Birmania.

Durante la protesta pací­fica, los jóvenes entregaron unas mil 500 cartas firmadas por los presentes, dirigidas al presidente de Guatemala, ílvaro Colom, las cuales fueron entregadas personalmente al embajador guatemalteco ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Gert Rosenthal.

De acuerdo con el testimonio de la activista guatemalteca Leonor Hurtado, «la minerí­a está siendo impuesta en las comunidades rurales sin su consentimiento libre de presiones y sin el conocimiento adecuado de las circunstancias que esta actividad representa».

DíA DE PREOCUPACIí“N

A criterio de Omar Jerónimo, miembro de Plataforma Agraria -una alianza multisectorial de organizaciones indí­genas y campesinas-, consideró que la efeméride debe ser «un dí­a de preocupación y reflexión, para saber hacia dónde se puede ir».

Jerónimo dijo que mientras se viva bajo la lógica del mercantilismo y una visión explotadora de la tierra, no se percibirá el sentido que los pueblos indí­genas tienen sobre el cuidado que se le debe dar.

«Existen dos visiones de la tierra: la visión de usar la tierra par alargar la vida del ser humano y la otra que nos dice que hay que explotarla, para vivir cómodamente sin importar el impacto para los demás», criticó el activista.

Magdalena Zarat, de la Convergencia Maya Wakib»Kej, estimó que en esta fecha se expresa un dí­a más de la resistencia de los pueblos indí­genas, ya que cada vez los gobiernos, a través de sus «polí­ticas entreguistas», ponen en riesgo a los recursos naturales y a las comunidades.