Bajo la consigna «Somos estudiantes, no delincuentes», varios centenares de alumnos de nivel medio de establecimientos públicos recorrieron las calles, esta mañana, desde el parque Jocotenango, zona 2, hasta el Congreso de la República, para exigir una educación gratuita.
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Silvia Socoré, de la Organización Nacional de Estudiantes de Guatemala (ONEG) y del Instituto Rafael Aqueche, indicó que la principal demanda es la gratuidad y calidad en la educación pública, ya que en los establecimientos aún se cobra la inscripción y la mal llamada «cuota voluntaria».
De acuerdo con la lideresa estudiantil, el costo de la cuota oscila entre los Q150.00 y los Q300.00, la cual, según autoridades de algunos centros educativos, es utilizada para dar mantenimiento a los institutos.
«Muchas veces no es así, porque hay desvíos de fondos, por lo que exigimos que no se hagan esos cobros, porque afectan nuestra economía. Esta es una manifestación pacífica para exponer nuestra inconformidad y para que se nos tome en cuenta», dijo la estudiante.
En la marcha, que inició a las 9:00 horas, se involucraron alumnos de los institutos Rafael Aqueche y Central para Varones. Según Carlos Torres, presidente de la ONEG, estudiantes de la Escuela Normal y otros establecimientos ubicados en la zona 13 se unirían a la protesta, alrededor de sus edificios.
En Centroamérica
Torres indicó que movilizaciones como la que efectuaron este día también se tenían programadas a nivel centroamericano, ya que en reuniones con escolares de nivel medio de la región pactaron exigir públicamente sus demandas para que la educación sea gratuita, ya que en la mayoría de los países persisten los cobros que impiden que muchos adolescentes accedan a la instrucción.
Entregan peticiones
Al llegar al Congreso de la República, los jóvenes fueron atendidos por los diputados Héctor Nuila, Walter Félix, miembros de la bancada URNG-Maiz, quienes recibieron un pliego de peticiones que los muchachos quieren hacer llegar al pleno del hemiciclo parlamentario y al Ministerio de Educación.
Según Nuila, los jóvenes exigen un derecho constitucional, ya que los servicios públicos no pueden cobrarse, por lo que se comprometió, por medio de la bancada que representa, a ser el vínculo entre el Legislativo y el Ejecutivo, para canalizar las demandas. «Vamos a hacerle llegar las peticiones a la junta directiva del Congreso. También vamos a tomar otras medidas para apoyarles», indicó.
El parlamentario se comprometió a estudiar la problemática y evaluar los cobros ilegales, entre otros.