La población afgana, alentada por la decisión del presidente Hamid Karzai de ejecutar a siete condenados a muerte desde principios de mes, piden masivamente que las ejecuciones vuelvan a ser públicas, como era el caso durante el régimen de los talibanes, para luchar contra la criminalidad.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos y varios gobiernos occidentales han denunciado estas ejecuciones, las primeras desde hace un año, alegando las carencias y la corrupción del sistema judicial afgano.

Pero los afganos se han manifestado de forma unánime y la editorial de un periódico lo recogí­a en una editorial bajo el tí­tulo «Gracias, señor presidente».

El pasado mes, en una conferencia de mujeres afganas, las participantes le pidieron a Hamid Karzai que vaya más allá y que haga públicas las ejecuciones a muerte (por la horca o pelotón de ejecución), como durante el régimen de los talibanes (1996-2001).

En aquel momento el presidente habí­a rechazado esta posibilidad pero, el pasado fin de semana, declaró ante la prensa que se planteaba una ejecución pública para los autores de una agresión con ácido contra varias jóvenes de un instituto de la ciudad de Kandahar (sur).

Si esta propuesta es aprobada por la Corte Suprema y los responsables religiosos, «aceptaré que las ejecuciones de los que cometieron semejantes actos de barbarie se hagan delante del mundo entero», dijo.

Por su parte, el consejo de mulás del oeste de Afganistán publicó la semana pasada un comunicado pidiendo la ejecución pública de los criminales.

«Eso llenarí­a de miedo el corazón de los criminales y los crí­menes disminuirí­an», justificó el portavoz del consejo, Faruq Husein.

Para Aiaz Nizai, que predica en una de las mezquitas más importantes de Kabul y da clases en la universidad, Afganistán necesita más que nunca la pena de muerte.

«El Corán prevé que las ejecuciones deben realizarse delante de un grupo de personas, para que éstas saquen la lección y se aseguren de que el crimen no se repite», recordó.

Con las ejecuciones públicas, hay más seguridad de que el verdadero culpable sea castigado, estima por su parte Mohamed Naiem, un habitante de la capital afgana.

«Aunque siempre cabe la posibilidad de que la persona sea ejecutada por su oposición al gobierno», se lamentaba.

El ministro adjunto de Justicia, Mohamed Qasim Hashimzai, se niega a comentar las carencias del sistema judicial afgano, pero también está a favor de la pena de muerte.

«En un paí­s en el que el 90% de las personas son analfabetas, es una lección para los criminales. La comunidad internacional debe entender que los asesinatos, los secuestros y los actos de terrorismo se multiplican», declaró.

Según él, al menos 120 condenados a muerte esperan la firma final del presidente Karzai.

«Karzai intenta reforzar su popularidad entre la población tras el aumento de la criminalidad y el fracaso del gobierno en materia de justicia», estimó en un comunicado Sam Zarifi, responsable de Amnistí­a Internacional Asia-Pací­fico, que lucha por una moratoria en las ejecuciones.

Recuerda que no existe ninguna estadí­stica que permita afirmar que la pena de muerte es un método disuasorio.

Sobretodo, «hay muchas sospechas de que altos cargos del gobierno están implicados en tráfico de drogas y secuestros en Afganistán. Pero nunca hemos visto que se juzgue a un traficante de alto nivel. Eso serí­a una prueba más importante que la ejecución pública de un puñado de criminales», subrayó.