Organizaciones sociales y sobrevivientes de la guerra civil quieren que se castigue a los militares acusados de genocidio durante dicho período.
Así lo decidieron los expertos que participaron en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio, que se celebró durante dos días en el Paraninfo Universitario, en la capital guatemalteca, en el que participaron representantes de más de un centenar de organizaciones
«La exigencia principal es que se conozca la verdad de lo que ocurrió en el pasado y se haga justicia por las gravísimas violaciones», dijo a periodistas el director del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), Mario Minera, uno de los organizadores del evento.
Los participantes concluyeron en una declaración que se se aplique la justicia a los responsables de las más de 200.000 muertes y desapariciones que registra el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), auspiciado por Naciones Unidas.
«En el genocidio que se perpetró en Guatemala intervinieron no solo elementos puros de racismo, sino política del Estado para lograr la usurpación de territorios, el despojo de la tierra y el saqueo de los recursos naturales», señaló Minera.
Además, la declaración conjunta de las organizaciones sostiene que el Estado sigue siendo «racista, discriminador y excluyente» porque los pueblos indígenas «siguen siendo despojados de sus tierras y excluidos de toda posibilidad de desarrollo humano con dignidad».
Los activistas sociales y humanitarios también pidieron al Estado la depuración de todas las fuerzas de seguridad y que se desclasifiquen todos los archivos para que se conozca la verdad del pasado.
El informe de la CEH documenta 669 casos de matanzas, 626 de las cuales fueron perpetradas por militares y el departamento más afectado por delitos de lesa humanidad fue Quiché.