Red de organizaciones sociales exige la conformación de una instancia independiente y autónoma que trabaje en la tarea de depuración de la Policía Nacional Civil (PNC).
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La existencia de escuadrones de la muerte como instrumento de ejecuciones extrajudiciales dentro de la estructura de la PNC hace evidente la creación de un ente independiente que trabaje conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Gobernación en el proceso de depuración por el que pasa esa institución refirió Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia.
De acuerdo con la activista, la convergencia de organizaciones de derechos humanos realizó la propuesta a las autoridades del Gobierno central en febrero pasado, al destaparse el escándalo del asesinato de tres diputados salvadoreños, hecho ejecutado aparentemente por agentes policiales.
La propuesta en mención no fue atendida en su momento y se impulsó la depuración de la PNC sin la participación de ninguna institución autónoma, lo cual en opinión de Hernández ha ocasionado que no se realice un proceso que elimine los vicios existentes a lo interno de las fuerzas de seguridad.
Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), dijo al respecto que el surgimiento de un nuevo crimen cometido contra cinco jóvenes en el cual se sindica a policías evidencia la necesidad de reorientar el proceso de depuración.
Al respecto de la separación de más de 300 agentes anunciado por la directora de la cartera del Interior, Adela de Torrebiarte, Rodenas apuntó que es necesario que no únicamente se separe a los malos agentes, sino se lleven los casos ante el Ministerio Público con el fin de establecer responsabilidades por la causa de su expulsión.
Asimismo recalcó que es necesario darle seguimiento a estos casos con el fin de evitar que los agentes se integren a actividades impulsadas por el crimen organizado.
El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), la ODHA, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala giraron un comunicado exigiendo al Gobierno la expulsión de las altas autoridades involucradas en acciones extrajudiciales.
Además solicitan que se impulse una campaña nacional que sensibilice a la sociedad sobre lo nefasto del las prácticas de ejecuciones de este tipo.