Los habitantes de la comunidad El Paso de los Jalapa, del municipio de El Jícaro, departamento de El Progreso, están dispuestos a tomar medidas de presión si los funcionarios, principalmente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), no atienden sus constantes peticiones, para que continúen con la construcción de bordas y espigones en el Río Motagua, pues temen otra inundación cuando llegue el próximo invierno.
Los comunitarios fueron afectados por la tormenta tropical Agatha, ocurrida el 29 de mayo de 2010; sus pérdidas en cultivos, tierras, ganado, viviendas y oportunidades de empleo fueron cuantiosas, pero conscientes de lo irrecuperable, hoy lo que piden es la garantía de sus vidas, en primer lugar y la preservación de lo poco que les quedó, expresó el presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), Óscar René Morales.
Antecedentes
El alcalde, José Francisco Mejía Flores, informó que producto de varias gestiones realizadas ante instituciones de gobierno, obtuvieron dos excavadoras y un grupo de ingenieros del ejército, así como la ampliación de 3 millones de quetzales al presupuesto para la construcción de espigones y bordas en las márgenes del Motagua, desde la comunidad de El Rancho hacia El Paso de Los Jalapas; además, en el sistema Guatecompras existía una licitación para continuar, pero desapareció, indicó.
En una cantera de piedras ubicada en esa jurisdicción, realizaron trabajos dos excavadoras con sus respectivos pilotos, sin embargo en diciembre del año pasado se marcharon, aduciendo falta de presupuesto, a pesar que la comuna aportó gastos, entre los que se incluye gasolina, comentó Mejía.
Más que un llamado, un ruego
“Lo perdido nunca más lo recuperaremos, pero queremos proteger lo poco que nos queda”, dijo Wilfida Gutiérrez, vecina del lugar, en tanto que Marta Lidia Morán, quien al igual que el resto de su familia, viven en frágiles habitaciones de madera, aseguró que se mantienen con mucho temor, al recordar todo lo que sufrieron por el Agatha y subrayó que son doblemente vulnerables, pues viven entre los márgenes de un canal de riego y el río Motagua.
El presidente del COCODE, Óscar René Morales, indicó que las autoridades no han hecho nada por evitar la deforestación que realizan personas imprudentes en los márgenes del río, lo que incrementa la vulnerabilidad; además, hay mucha desintegración familiar, porque los hombres y los jóvenes emigran hacia la costa sur, en busca de oportunidades de empleo, pues debido al desastre natural solo cuentan con el 30 por ciento de las tierras cultivables.
Wilfida Gutiérrez agregó que en esta comunidad las mujeres dejaron de percibir ingresos, ya que muchas de ellas realizaban labores agrícolas; otra vecina dijo estar al borde de la desesperación, ya que tiene cinco hijos estudiando y su esposo no ha encontrado empleo desde hace cuatro meses.
En opinión del alcalde Mejía Flores, el problema no se limita a la falta de empleo, pues las consecuencias que traerá no hacer las reparaciones pertinentes son grandes; se perderán muchas vidas y las pocas tierras cultivables podrían quedar inundadas, anotó.
Consultado el delegado departamental de la Coordinadora Nacional para la Prevención de Desastres (CONRED), Héctor Pérez, informó que desde el 2009 esa entidad ha realizado evaluaciones de riesgo, cuyos diagnósticos han sido entregados a los respectivos alcaldes municipales y al Gobernador departamental de turno, mediante los cuales han recomendado la construcción de un sistema de bordas y gaviones, ya que el riesgo es alto, no sólo para esta comunidad sino para Manzanal y El Rancho.
Reportes del delegado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) señalaban que la tormenta tropical Agatha provocó pérdidas agrícolas de aproximadamente 45.5 millones de quetzales, en pecuarias 1.5 millones y en infraestructura de apoyo a la agricultura 21.8 millones, pues colapsaron cinco unidades de riego.
Unas 2 mil familias se quedaron sin oportunidades de empleo, sin vivienda, sin cultivos y con sus tierras saturadas de lodo y toda clase de desechos, lo que requería de maquinaria pesada para ser removido.
A decir de Héctor Samuel Catalán, presidente de la Asociación de Usuarios de la Unidad de
Riego, aproximadamente 10 mil familias no obtendrán ingresos económicos por concepto de jornales en el cultivo de maíz, frijol, tomate, tabaco, sandía y limón, entre otros productos.
Finalmente, el alcalde Mejía ha solicitado al Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE), en más de una oportunidad, su intervención ante el MICIVI, para que atienda pronto la petición, que además ha sido elevada por escrito.