En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos exigieron al Congreso la aprobación de la ley 35-90, la cual crearía una comisión de búsqueda de personas desaparecidas.

Miembros del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) y del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), así como varios familiares de desaparecidos se congregaron frente al Organismo Legislativo, exponiendo mantas e imágenes de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno.

Asimismo, exigieron al Congreso la pronta aprobación de la iniciativa de ley 35-90, la que crearía la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras formas de Desaparición; esta iniciativa cuenta con dos dictámenes favorables de las comisiones  de Trabajo de Finanzas Públicas y Moneda, y de la de Legislación y Puntos Constitucionales.

Jorge Santos, de la CIIDH, recordó que este día se conmemora la entrega del informe de las conclusiones y recomendaciones, de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y dijo que una de las recomendaciones más importantes, en el marco del delito continuado que representa la desaparición forzada, fue que el Estado se comprometiera a la creación de una comisión que diera búsqueda a las personas víctimas de desaparición.

Santos indicó que durante los 36 años de conflicto armado interno, existieron alrededor de 45 mil víctimas de desaparición forzada, de las cuales hay aproximadamente 5 mil casos documentados de niños y niñas desaparecidos.

A 17 años de la firma de los Acuerdos de Paz, las víctimas y familiares de desaparición forzada siguen esperando una respuesta por parte del Estado y en este sentido, por un año más, solicitamos al Congreso que permita agendar la iniciativa 35-90 para su inmediata aprobación.

Otra de las demandas realizadas por las organizaciones sociales fue hacia el Ejecutivo, sobre todo al Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de la Paz, de la cual depende el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), para dar cumplimiento irrestricto a las resoluciones en materia de justicia y resarcimiento integral que han otorgado tanto órganos jurisdiccionales en el país como el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos.

En horas de la mañana, representantes de las organizaciones sociales y de las personas que permanecían fuera del Congreso, sostuvieron una reunión con el Presidente del Legislativo, Pedro Muadi, para discutir acerca de la iniciativa de ley.