El ex presidente colombiano ílvaro Uribe afirmó que algunos ex funcionarios de su gobierno son objeto de venganzas, entre ellos la ex jefa de la policía secreta asilada en Panamá y pedida en extradición por su país.
Las declaraciones de Uribe (2002-2010), ofrecidas en Panamá donde participó del funeral de Estado del ex mandatario de ese país Arnulfo Arias, fueron difundidas hoy en un comunicado a través de su página de internet.
Sobre la ex directora del DAS o policía secreta, María del Pilar Hurtado (2007-2008), Uribe dijo que es «es objetivo de venganza de criminales que fueron combatidos por el anterior Gobierno de Colombia».
Para el ex mandatario, hay «falsas víctimas» de casos de masacres y desplazamientos de años pasados en el país que «presionan contra el asilo» que el gobierno del presidente Ricardo Martinelli le concedió a Hurtado en 2010.
Hurtado, que adujo en su pedido de asilo que su vida corría peligro en Colombia, es considerada pieza clave en el escándalo de espionaje que estalló en 2009 y para conocer un eventual involucramiento de Uribe en esas tareas ilegales por parte de un organismo que dependía directamente de la Presidencia.
Es requerida por la supuesta comisión de cinco delitos: convenio para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en un documento público.
Uribe también señaló que son blanco de estas amenazas criminales su ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, el Secretario General de Presidencia, Bernardo Moreno, y el ex Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo.
Arias está en prisión preventiva desde mediados de 2011 por supuestamente obstruir una investigación sobre irregularidades en la concesión de subsidios agrícolas. Al ex ministro le fue ratificado en diciembre pasado una sanción de 16 años para ejercer cualquier cargo público.
Moreno está recluido y llamado a juicio por las autoridades colombianas por el mismo escándalo de espionaje en el que se involucra a Hurtado.
A Restrepo le serán asignados cargos el 20 de enero por supuestos delitos vinculados a una presunta falsa desmovilización de integrantes de la guerrilla de las FARC en marzo de 2006.
Uribe ha negado reiteradamente cualquier vinculación suya a los diferentes escándalos de su gobierno y afirma que sus colaboradores son víctimas de persecuciones políticas.
«Colombia tuvo una destructora penetración de criminales en altas esferas del Estado. Un sector de la justicia fue afectado e inexplicablemente se persigue a quienes sirvieron bien a la Patria», advirtió el ex gobernante en el comunicado.