Guatemala dejó de funcionar hace tiempo, porque a partir del movimiento liberacionista de 1954, se optó caprichosamente por aplicar un modelo excluyente de desarrollo y sus beneficios, sin querer pecar de exagerado, al 70 por ciento de la población y colocó a millares de personas al margen de la ley, en la ilegalidad, en la informalidad y en el subempleo.

El gran problema del país se vincula con la incapacidad mostrada hasta ahora para transformar esa «fórmula» que genera la dinámica de exclusión estructural, y que viene dada por la negación o inobservancia de los derechos sociales que inciden en el deterioro de los derechos políticos y económicos.

Ésta, condena al grueso de la población a la desigualdad monetaria,  desventaja social y pobreza, también a la falta de educación, de vivienda y de servicios mínimos indispensables, desempleo, marginación, no participación en las decisiones e inestabilidad de sus vínculos sociales, impidiéndoles proveerse, sin asistencia ni paternalismo, de un futuro mejor.

Si el país caminó y se desarrolló entre la década de los cuarenta y cincuenta del siglo pasado, fue por haber seguido un modelo que, más allá de sus excesos populistas, garantizó la movilidad, promovió la inclusión y generó oportunidades de desarrollo prácticamente para todos, al cual lo desmoronó el movimiento “liberacionista” que emergió en el país, desde entonces, no se corrigió con el impulso de reformas políticas el espíritu incluyente que busque encauzar esas diferencias y la apenas naciente pluralidad nacional.

Ahora, si en aquel entonces (1954) se realizó una reforma social  para canalizar el descontento de apenas una minoría de la población (la oligarquía) que era alrededor del 30 por ciento frente al 70 por ciento que seguía moviéndose en la pobreza, con mayor razón ahora que esta ecuación no se ha invertido pues el 70 por ciento de la población se maneja al margen de las reglas del juego y sólo el 30 por ciento dentro de ellas, resulta fundamental formalizar una serie de cambios esenciales e interconectados en nuestra política social, económica e institucional.

Si queremos salir del impasse en que estamos desde hace algunos años, debe diseñarse y aplicar un modelo incluyente en el país que haga partícipes a todos los ciudadanos, y no sólo a unos cuantos, de las oportunidades sociales, económicas y políticas que existen en él.

La reforma fiscal vigente, no ataca la concentración ni los privilegios que colocan a unos cuantos en situación de ventaja frente al grueso de la población, ni sobre el cambio de las prioridades presupuestarias y la orientación de los recursos hacia áreas social y económicamente fértiles, como son la educación, el empleo, la capacitación, el desarrollo científico y tecnológico, que pueden ser la vía para garantizar a los hoy excluidos un lugar en la sociedad, permitirles que participen en su dinámica y promover que se beneficien de ella.

Continuamos viendo sólo medidas aisladas que poco podrán contribuir al reto que tenemos enfrente y a poner freno al riesgo de ruptura de la cohesión social cada día más latente.