Un total de mil 723 investigadores tienen a su cargo las averiguaciones de los delitos que se cometen en Guatemala, un paí­s donde se estima una población superior a los 14 millones de habitantes y además, enfrenta serios problemas de conflictividad social y violencia. Los 823 agentes que pertenecen al Ministerio Público (MP) y los 900 de la Policí­a Nacional Civil (PNC) deben hacer frente a sus obligaciones con una excesiva carga laboral y bajo presupuesto, dos factores que sin lugar a dudas inciden en su desempeño. 

Diariamente en Guatemala se cometen hasta 100 delitos de diferente í­ndole a nivel república, según datos de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la PNC. La cifra asciende hasta 3 mil casos cada mes, lo que ubica al paí­s entre los más conflictivos y violentos de Centroamérica, e incluso, en el ámbito mundial.

Las denuncias por hechos delictivos más frecuentes ingresan a las fiscalí­as y unidades especiales de Delitos Contra la Vida, Contra Extorsiones, Robo de Vehí­culos, Robos y Atracos, Delitos Económicos, Desaparición de Personas y Delitos Sexuales.

Según estadí­sticas de la institución policial, se sabe que en promedio 14 personas mueren de forma violenta en el paí­s, se reciben alrededor de 40 denuncias diarias de robo, 28 de robo de vehí­culos, al menos 10 de extorsión y un promedio de 5 por delitos económicos, sexuales y casos de personas desaparecidas.

Juan Fernando Gómez, Jefe de la Dirección de Investigaciones Criminalí­sticas (DICRI), indica que para atender la investigación de hechos delictivos el MP tiene designadas 823 personas, de las cuales 170 son investigadores de campo y 653 son recolectores de evidencias.

“Básicamente el trabajo consiste en coadyuvar a resolver casos con las instrucciones de los fiscales y la dinámica con la que se hace: recibimos instrucciones por parte de los fiscales dependiendo de la hipótesis criminal que se ha planteado, hay diligencias que hacer y se les fija las tareas con plazos para que el investigador las cumpla”, indicó Gómez.

En el caso de la PNC, según la Comisionada para la Reforma Policial, Helen Mack, actualmente hay 900 efectivos dedicados a la investigación criminal.

CARGA Y RECURSOS

De acuerdo con Gómez, los investigadores cubren varios casos a nivel república, lo cual complica la eficacia para la resolución de los mismos. “Nosotros tenemos por instrucción cubrir todas las fiscalí­as departamentales y de sección, –vida, menores, mujeres, crimen organizado, trata, robo a bancos, robo a vehí­culos, lavado de dinero propiedad intelectual, etcétera–  por mandato las cubrimos, pero son tantas solicitudes de investigación que no alcanza para ser eficaces en todas, como quisiéramos”, explica.

El funcionario destacó que existe un promedio de 40 casos mensuales de carga laboral para un investigador.

“Podrí­amos hablar que cada investigador podrí­a mantener una carga laboral mensual de unos 40 casos de las diferentes fiscalí­as en un promedio; puede ser que a veces se vaya un poco menos o un poco más”, resaltó.

Las dificultades han obligado a las autoridades a buscar estrategias creativas para atender los nuevos casos que registran entre su trabajo pendiente, según explica el entrevistado. “Lo que estamos haciendo en las mesas de trabajo, es poner la mayor cantidad de gente para una diligencia, si en una solicitud vienen diez diligencias se ponen a 10 investigadores para que las saque en un dí­a dependiendo del caso, y se le entrega a la fiscalí­a –que lo requirió–”, dice.

LEJOS DEL ESTíNDAR

Según la Comisionada para la Reforma Policial, sólo el 4 por ciento de la PNC se dedica a labores de investigación criminal, una cifra que deja a la institución policial por debajo de los estándares internacionales, en los que establece que al menos el 12 por ciento debe estar involucrado en la criminalí­stica policial y labores administrativas.
 
“Según estándares internacionales se requiere tener como mí­nimo el 12 por ciento de elementos policiales en funciones de investigación criminal. De esos, 10 por ciento es para investigación criminal y el 2 por ciento para trabajo administrativo. Guatemala cuenta con 900 efectivos dedicados a esta labor, es decir sólo el 4 por ciento”, refiere Mack.

“También el estándar internacional dice que cada investigador deberí­a de tener 15 casos como máximo. Actualmente el Departamento de Delitos Contra la Vida es la única unidad que tiene presencia al 100 por ciento en la escena del crimen sin embargo, los esfuerzos todaví­a son mí­nimos”, indica.

A decir de la entrevistada, las 72 horas son importantes para la persecución penal y esclarecimiento de un delito, pero el poco personal dentro de la institución no lo permite.

“Las 72 horas son importantes para la persecución y esclarecimiento de un delito, en 2010 ocurrieron más de 23 mil delitos graves, lo cual brinda un promedio de 25 casos a cada investigador a los que hay que sumar los casos abiertos de años anteriores; al abordar el resto de los casos de investigación criminal la situación todaví­a es más crí­tica”, afirma la funcionaria.

¿SUFICIENTE PRESUPUESTO?

Los altos í­ndices de delincuencia e inseguridad ante el presupuesto asignado, también son factores importantes que imposibilitan atender las diligencias de forma inmediata, se indica.

Hace algunos meses, la Fiscal General del MP, Claudia Paz y Paz, pidió el respaldo del Presidente del Congreso, Roberto Alejos, para la aprobación de una ampliación presupuestaria por Q100 millones, debido a los problemas que enfrentaba la institución.   

Para el próximo año, Paz y Paz espera que se le asigne a esa institución mil 482 millones de quetzales, y así­ pueda cumplir con sus obligaciones.  

Por su parte, Helen Mack, también ha manifestado su preocupación por el déficit en la PNC de Q480 millones, lo cual considera que “es crí­tico”.  Aunado a esto se suma la amenaza del Ministerio de Gobernación (Mingob) de quitar presupuesto a la Policí­a.

SOBREPASAN CAPACIDAD

A criterio de Fernando Girón, coordinador del Consejo Asesor de Seguridad (CAS), la cantidad de casos a atender por un investigador sobrepasa la capacidad para resolver los hechos delictivos que acontecen en el paí­s.

“La sobrecarga de trabajo rebasa la buena voluntad e incluso la capacidad que pueda tener un investigador, si tiene tantos casos es muy difí­cil que pueda atenderlos con eficiencia”, resalta.

Ante esta situación, según el entrevistado, es necesario priorizar los recursos y los temas de impacto en la sociedad, para lograr resultados principalmente en los temas que afectan a la población. “Hay algunas cosas que se pueden hacer con los escasos recursos que hay, lo primero es priorizar en el tema de impactos en la sociedad, los delitos contra la vida tienen que ser priorizados y otro tipo de delitos delincuenciales como el robo de celulares y la extorsión, muchos están relacionados con los delitos contra la vida”, indicó.

Según el representante de CAS, hay recursos económicos que deben ser financiados en la capacitación del recurso humano de investigación, en lugar de dejarlo en manos de algunos funcionarios.

“Es necesario hacer un esfuerzo para invertirlos en capacitación de recursos humanos en ambas instituciones –MP y PNC– para poder formar nuevos investigadores; habrá que sacrificar recursos que se utilizan en el presupuesto para lo que se llama repartición de obras que gustan tanto a los diputados, porque las obras las utilizan ellos para garantizar su imagen a la hora de una reelección”, destaca.

Verónica Godoy, directora del Instituto de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (Imasp), opina que la investigación criminal deberí­a ser una polí­tica de Estado y sugiere diseñar las atribuciones que le corresponden a cada entidad.
“Antes que nada deberí­a haber una polí­tica criminal de Estado que marcara e hiciera los lineamientos respecto a lo que le corresponde a cada institución, una polí­tica que diera las directrices en el tema de investigación y persecución penal”, argumenta Godoy.

Uno de los factores importantes, es la definición del papel de cada institución, la cual debe ir acompañada de presupuesto y capacitación.

“Hay una controversia que se tiene que definir en ese sentido para que quede claramente establecido, porque el MP no tiene la función de investigar sólo de coordinar, para eso está la Policí­a que lo tiene que realizar en una definición más clara y por supuesto también deben enfocarse en estructurar a la Policí­a en el tema de investigación”, manifiesta.

Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, considera que debido al poco fortalecimiento de la PNC, la DICRI ha tenido que asumir un papel investigador para lograr esclarecer los hechos delictivos.

“El poco desarrollo y la poca inversión pública en materia de investigaciones en la PNC, ha originado que por necesidad el MP tenga que conformar a su grupo de investigadores, evidentemente el grupo ha tenido que crearse y son insuficientes para la enorme cantidad de delitos”, dice.

Canteo concluye en que la sobrecarga de trabajo se suma a otros factores que tienen que ser atendidos de manera pronta, para el esclarecimiento de los mismos.

“La carga de trabajo que tiene cada investigador al final de cuentas contribuye para que el sistema de justicia no pueda responder oportunamente en la resolución de los casos y conflictos, pero no sólo son esos los problemas, hay otros que considerar como el fortalecimiento de los mecanismos de control y evaluación del desempeño que evidentemente hace falta fortalecer, mejorar los sistemas de gestión tanto en el MP como en el OJ, para que esos casos tengan un sistema administrativo ágil”, destacó.