Pocas son las veces en que las empresas constructoras y organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden hacer un negocio tan redondo, como la “reconstrucción” de obras que ellos mismos han hecho y que se destruyen con los fenómenos naturales que, a su vez, dejan dolor y drama en la población guatemalteca.

Gladys Zapeta, de cinco meses, murió el pasado domingo junto a su abuelo y su tí­a, luego de que su vivienda ubicada en el asentamiento La Joyita, en la ciudad de Guatemala, resultara afectada por una correntada de agua y lodo.

Los vecinos, que mostraron las fotografí­as de la menor, dijeron que el desastre fue ocasionado por la pertinaz lluvia que provocó en los últimos dí­as la Depresión 12-E.

El temporal ya ha cobrado varias decenas de ví­ctimas mortales, como Zapeta, y ha dejado a cientos de lesionados y miles de damnificados.

Sin embargo, Rafael Maldonado, coordinador del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS) considera que ésta y otras catástrofes humanitarias, más allá del contexto de los fenómenos naturales, son ocasionadas por intereses empresariales y la negligencia de las autoridades, que hasta ahora no han realizado una gestión ambiental adecuada ante los cambios climáticos.

 â€œLas lluvias por sí­ mismas no deberí­an ser motivo de desastres. Eso sólo ocurre en paí­ses como Guatemala, con carencias en gestión ambiental y con un sistema de infraestructura comprometido con empresas privadas”, señala el activista.

En consonancia, el arquitecto Francisco Ballesteros, especialista en planificación vial y transporte, cree que existe “intencionalidad” detrás de la debilidad en la infraestructura civil del paí­s, la cual considera que se encuentra supeditada a “mantener el negocio de algunas empresas” dedicadas a la construcción de obras públicas.

De esa forma se explica cómo la destrucción que provocan los desastres naturales no sólo es motivo de dolor y desolación para quienes lo pierden todo, sino que además pueden generar importantes ingresos para quienes se dedican a la construcción de obras para el Estado.

MíS VULNERABILIDAD, MíS NEGOCIOS
Ballesteros considera que la falta de mantenimiento preventivo y de atención adecuada a la infraestructura tras los fenómenos naturales pasados han derivado en que Guatemala sea cada vez más vulnerable frente a las variaciones climáticas, de tal manera que en la actualidad un temporal de lluvia puede desencadenar una tragedia nacional.

No obstante, el componente esencial en la condición de vulnerabilidad en la infraestructura es la “intencionalidad” para hacer de las obras públicas negocios para algunas empresas. “Es una reconstrucción fallida, porque de intención se hace para que vuelva a fallar” y de esa manera generar más negocios en el sector de la construcción.

De esa cuenta, refiere que se ha llegado al punto de “siniestrar intencionalmente” puentes y esto se puede ejemplificar: “Hay empresas que sistemáticamente han hecho tres y hasta cuatro veces el mismo puente y en el mismo lugar”.

En la actualidad, sostiene que dos empresas constructoras –contratistas del Estado– ya están “cobrando la emergencia” con actividades que van desde remoción de lodo de las carreteras,  hasta la reedificación de puentes.

Estas mismas constructoras, según Ballesteros, habrí­an hecho millonarios negocios en el invierno del año pasado, luego de que la infraestructura resultara afectada por derrumbes y deslizamientos de tierra. “Se le vuelve acusar a la naturaleza de un problema humano” cuando todo se debe a “no querer invertir adecuadamente”, puntualiza.

PRECEDENTES
A criterio de Maldonado, los intereses empresariales se encuentran inmersos entre las causas de las catástrofes humanitarias, en el marco de los fenómenos naturales.

Por una parte, señala que la falta de gestión ambiental se ve aplacada por el descuido de las áreas protegidas y las cuencas de los rí­os, sobre las que se han priorizado negocios con empresas extranjeras.

Cita como ejemplo la extensión de los permisos de extracción petrolera sobre un área protegida, otorgada por el presidente ílvaro Colom a una empresa francesa, pese a una prohibición explí­cita de la legislación vigente.

Y en segunda medida, advierte que la mala calidad de las obras ejecutadas por empresas y las ONG para el Estado tienen una alta incidencia en los desastres y sus consecuencias para la población.

Uno de los factores más importantes que destaca el coordinador de CALAS, es que en buena medida no se están deduciendo las responsabilidades económicas y penales por las obras mal edificadas.

De esa cuenta, Maldonado recalca la importancia de combatir este esquema de corrupción e impunidad para que se castigue a los responsables de las obras, y a quienes propician este tipo de hechos.

En ese sentido, analiza que en este problema existe una clara vinculación entre las empresas privadas contratadas por el Estado y los funcionarios de gobierno.

NO SOMOS CORRUPTOS
“El Ministerio bajo ningún punto de vista es un foco de corrupción. Son los temas que, teniendo las pruebas,  es como se deben juzgar”, respondió Otto Ordóñez, viceministro en la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en torno a los señalamientos por corrupción en esa institución.

De esa cuenta, el funcionario cree que la vulnerabilidad de la infraestructura obedece a razones ambientales: “El tema ambiental definitivamente es una necesidad, que incide en el uso de los suelos (…) La mayorí­a de desastres que hemos tenido han sucedido de arriba hacia abajo, y no de abajo hacia arriba. Es decir, el mal uso de los suelos, la deforestación, la tala de árboles, es lo que ha perjudicado las carreteras”.

Por otro lado, señaló que, aunque el Ministerio de Comunicaciones determina con criterios técnicos las necesidades de infraestructura, es en el Congreso donde se definen los proyectos. “Los diputados, lo que hacen es velar por los distritos o los departamentos que representan” y “responden a lo que nosotros planteamos, pero no en su totalidad”, aseguró.

En la entrevista telefónica, Ordóñez dejó claras las cosas: “Si quisiera que enmarcara bastante el tema de la corrupción, verdad; que no se promueve la corrupción”.

Lo declarado por Ordoñez, contradice los puntos de la mayorí­a de expertos en el área de la auditorí­a social y de dirigentes polí­ticos que califican al Ministerio de Comunicaciones y la adjudicación de obras como el foco de actos de corrupción durante este y los últimos gobiernos.

Por su parte, Julio Galicia, del Colegio de Ingenieros de Guatemala, cree que si la precipitación ambiental y la deforestación son factores decisivos para propiciar una catástrofe, los problemas en la construcción de obras públicas también son fundamentales.

En primera medida, cree que el problema se deriva de la falta de mantenimiento en la red vial: “La red vial no puede permanecer sin mantenimiento durante tanto tiempo, principalmente en una red vial que ellos mismos (las autoridades del Ministerio de Comunicaciones) habí­an calificado de colapsada antes de las lluvias y de los fenómenos naturales que tenemos ahora”, refiere.

Aunado a ello, señala que existen problemas “por falta de ingenierí­a en la construcción de las obras”. “En la construcción de la obra pública no hay ingenierí­a. Se le está dando a las ONG y a constructoras vinculadas con la clase polí­tica y entonces resultan construyendo empresas que tienen capacidad económica, pero que no tienen capacidad técnica y profesional”, puntualiza el experto.

Para Ballesteros, el tema se reduce a la falta de “ética y sentido de dignidad nacional” en torno al manejo de los recursos públicos, en los que se ven envueltos intereses empresariales supeditados sobre las necesidades del paí­s y de la población, que cada año está sobreexpuesta a ser ví­ctima de los fenómenos naturales.

Maldonado considera que es fundamental poner fin a la corrupción y procesar a los involucrados, tanto en el sector privado como estatal.  “No sólo veamos a altos funcionarios de gobierno en la prisión sino que los hagamos civilmente responsablemente”, puntualiza.