Cifras proporcionadas por Casa Alianza (CA) indican que las adopciones en Guatemala generan un movimiento anual de 200 millones de dólares.

Los gastos en los que se incurre para realizar los trámites legales y cubrir necesidades adicionales en el proceso de adopción tienen un costo que oscila entre los 15 y 40 mil dólares, sin embargo los beneficios que genera esta actividad son mayores.

Juan Carlos Molina, representante de CA, asegura que los expedientes para realizar adopciones han aumentado considerablemente en los últimos años. Se estima que anualmente se procesan 5000 casos, de los cuales el 90 por ciento finaliza con el enví­o de los niños y niñas hacia Estados Unidos.

«Existen cientos de personas que han visto en las adopciones la posibilidad de generar riquezas, sin pensar en el gran daño que se le hace a la niñez», agregó.

Molina explica que menos del uno por ciento de los procesos cumplen con todos los requerimientos legales, el resto se lleva a cabo a través de procesos irregulares en los que no se cumple con los estándares, que prevén la seguridad de los futuros adoptados.

Beneficio familiar

Los representantes de CA también consideran que existe una relación directa entre el robo de niños y niñas con el incremento de procesos de adopción, asimismo indican que existen nuevos métodos para conseguir a los infantes.

«Las jóvenes reciben dinero de los negociadores para quedar embarazadas y luego les entregan a sus hijos; en algunos casos los padres de las jovencitas, que tienen entre 15 y 22 años, también están involucrados y las presionan para que accedan a realizar el negocio» explicó Molina.

Misión internacional

Diversas organizaciones sociales guatemaltecas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) han sostenido reuniones para discutir la situación de la niñez frente a las adopciones. Las conclusiones que se obtengan serán presentadas en el próximo perí­odo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tendrá lugar en Washington, el 12 de octubre próximo.

Asimismo se discuten las principales preocupaciones en materia de derechos humanos y los temas que deberán ser atendidos con prioridad por el nuevo gobierno, de los que destaca la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación, la discriminación contra los pueblos indí­genas y la violencia hacia la mujer.