Sergio Schoklender, exapoderado de la fundación de la entidad humanitaria Madres de Plaza de Mayo, quedó detenido hoy bajo la sospecha de haber desviado fondos públicos destinados a la construcción de viviendas populares.
Schoklender, quien se presentó a declarar ante el juez federal, Norberto Oyarbide, quedó detenido acusado de ser el «jefe de una asociación ilícita», dijo Carlos Leiva, secretario del magistrado.
Oyarbide investiga desde 2011 si Schoklender desvió más de 700 millones de pesos (unos 156,5 millones de dólares) destinados a un programa de la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas populares, hacia las empresas con las que él estaba vinculado. La entidad que preside Hebe de Bonafini es uno de los mayores símbolos de la lucha por los derechos humanos.
El juez Oyarbide también ordenó la detención de Pablo Schoklender, hermano de Sergio y señalado como uno de los que manejaba los fondos en la fundación, y del contador Alejandro Gotkin, titular de Meldorek, la empresa constructora a cargo de las viviendas hechas por la fundación, señalaron medios de prensa.
Schoklender, que está distanciado de De Bonafini, y los otros dos requeridos por el juez son sospechosos de fraude en perjuicio de la administración pública, de administración fraudulenta y de encubrimiento de lavado del dinero obtenido a partir de esos delitos.
El ex apoderado de las Madres pidió «volver a declarar en un futuro una vez que su defensa tome conocimiento de los elementos probatorios», indicó Leiva.
Schoklender dijo en 2011 a la revista Noticias que la organización humanitaria tendría varias cuentas en el exterior y habría aportado dinero para campañas electorales de altos funcionarios del gobierno de la presidenta Cristina Fernández. De Bonafini negó esos dichos, señaló que fue traicionada en su buena fe por Schoklender y reclamó que le caiga todo el peso de la ley.
De Bonafini es madre de dos hijos desaparecidos. Su organización, muy cercana al gobierno, pide el castigo para los represores de la última dictadura militar (1976-1983).
El gobierno se ha desvinculado del escándalo que generó el presunto manejo irregular de fondos estatales por Schoklender y ha reiterado que De Bonafini y las madres que la acompañan son inocentes.
Señaló que el control directo de las obras para hacer las viviendas no estaba en manos del Ejecutivo sino de las jurisdicciones municipales y provinciales que recibían los fondos para las edificaciones en Buenos Aires y otras ciudades del país.