La Corte Internacional de Justicia (CIJ) examinará a partir del lunes el diferendo sobre la construcción en Uruguay de una planta de pasta de celulosa en un río fronterizo con Argentina, que la considera demasiado contaminante.
Doce audiencias de tres horas ante la CIJ, principal órgano judicial de Naciones Unidas, están previstas en La Haya hasta el 2 de octubre, fecha a partir de la cual los magistrados darán a conocer su dictamen.
Argentina interpuso el 4 de mayo de 2006 una demanda contra Uruguay, reprochando a su vecino haber autorizado «unilateralmente» la construcción de dos fábricas de celulosa a orillas del río Uruguay, obviando sus obligaciones de información y consulta previa, establecidas en un tratado de 1975.
Una de las plantas nunca llegó a ver la luz: su propietario, el español Ence, cambió de planes, vendiendo su proyecto al finlandés Stora Enso y al chileno Arauca, que planean construir una fábrica más al sur, en Punta Pereira (Colonia).
Pero la finlandesa Botnia siguió adelante, levantando una fábrica cerca del puerto fluvial de Fray Bentos, que entró en servicio en noviembre de 2007, con una capacidad anual de un millón de toneladas de pasta de celulosa.
El tratado de 1975, verdadero código de utilización del río fronterizo, establece que si bien «cada parte tiene derecho a utilizar las aguas del río en el interior de su jurisdicción», «también debe preservar el medio acuático e impedir la contaminación», algo que, según Argentina, no ha cumplido Uruguay.
Buenos Aires estima que la planta de Botnia «atenta contra la preservación del medioambiente del río Uruguay y su zona de influencia», y suscita preocupación entre los habitantes de la ribera argentina del río, especialmente en la ciudad de Gualeguaychu y en el balneario de Nandubaysal.
«La inquietud de las poblaciones ribereñas son referentes a los riesgos importantes de contaminación del río, de deterioro de la biodiversidad, de efectos nocivos para la salud y de perjuicios a los recursos pesqueros», subraya Argentina en su demanda.
Pero el ex canciller uruguayo y actual ministro de Defensa, Gonzalo Fernández, se mostró recientemente optimista sobre el desenlace judicial: «Estimamos y vamos con muy buen ánimo, de que se va a desestimar la demanda», declaró.
Paralelamente a su demanda de fondo, examinada a partir del lunes, Argentina había solicitado a la CIJ ordenar por medio de medidas cautelares la suspensión de las obras, algo que el tribunal rechazó el 13 de julio de 2006.
Durante todo el verano austral de 2006, el puente principal entre ambos países fue bloqueado por manifestantes argentinos, principalmente ecologistas y habitantes de Gualeguaychu, penalizando a Uruguay, muy dependiente del turismo argentino.
Uruguay había respondido recurriendo a su vez a la CIJ el 29 de noviembre de 2006, para pedirle que ordenara a Argentina poner fin al bloqueo del puente, pero el dictamen del 23 de enero de 2007 fue negativo. Desde entonces, éste sigue cortado.