La anterior ocasión que el mundo vio a la ex primera dama de Costa de Marfil fue hace tres años, cuando hombres armados la sacaban a empujones de un búnker. Sus extensiones de cabello y sus ropas, normalmente impecables, estaban desarregladas.
Ahora Simone Gbagbo, la primera y única mujer a la que ha acusado formalmente la Corte Penal Internacional, se encuentra en arresto domiciliario en una casa de campo, pintada de color de rosa, mientras las autoridades marfileñas deciden si la enjuician en el país o la envían a La Haya.
Detrás de los altos muros de concreto, Simone Gbagbo pasa el tiempo dando clases a la hija del jardinero analfabeta del lugar.
Simpatizantes y activistas de derechos humanos han pedido a las autoridades judiciales que ya se procese a Gbagbo por los diversos delitos que se le imputan, entre éstos el de genocidio.
«Si el aparato judicial está actuando con celeridad, como dicen, no vemos evidencia de que esto está ocurriendo», dijo Ange Rodrigue Dadje, el abogado marfileño de Gbagbo.
En una acusación hecha pública en noviembre de 2012, los fiscales de la CPI afirmaron que Gbagbo, de 64 años, actuaba como «álter ego de su marido» y le fincaron crímenes contra la humanidad por homicidio, violación y persecución. La ex primera dama también afronta en el sistema judicial marfileño una amplia gama de acusaciones, como delitos económicos y genocidio.
«Construir casos de crímenes internacionales graves puede ser complicado y es tardado. Pero después de tener a Simone Gbagbo en detención preventiva casi tres años hay la necesidad urgente de que las autoridades marfileñas procedan hacia un juicio justo», dijo Matt Wells, investigador de África occidental para el grupo de derechos humanos Human Rights Watch.
Costa de Marfil estuvo al filo de una guerra civil después de la segunda vuelta presidencial que disputaron Laurent Gbagbo y Alassane Ouattara en noviembre de 2010. Gbagbo no reconoció la derrota y más de 3.000 personas murieron en la violencia subsiguiente, según Naciones Unidas. Durante toda la crisis, Simone Gbagbo, convertida a cristiana evangélica, sostuvo su convicción de que Dios había escogido a su esposo para que llevara las riendas de la nación.
Los fiscales de la CPI afirman que ella tuvo el poder de hacer decisiones de estado y por lo tanto podía responsabilizársele penalmente por los homicidios y violaciones que cometieron extremistas que apoyaban a Gbagbo.
Cuando aprobaron su arresto, los jueces dijeron que había «motivos razonables para creer» que durante actos públicos y reuniones del círculo interior de su esposo, ella ordenó a partidarios de Gbagbo que «cometieran crímenes contra quienes representaban una amenaza al poder de su marido».
Laurent Gbagbo fue transferido a finales de 2011 a la CPI para que enfrentara cargos de crímenes de lesa humanidad. El año pasado, la CPI dijo que el caso carecía de fuerza suficiente para ratificar la acusación en su contra y solicitó a los fiscales la presentación de más pruebas.
Después de una espera de casi un año para reaccionar a la orden de detención de la CPI contra Simone Gbagbo, el gobierno de Ouattara dijo en septiembre que el sistema judicial local fue rehabilitado y que la ex primera dama debía ser procesada en el país.
La CPI prefiere que los países enjuicien a sus acusados si los sistemas judiciales de estas naciones están en capacidad de llevar el proceso. Sin embargo, como la CPI fue primera en la acusación, Costa de Marfil aguarda el fallo de la corte sobre la impugnación de la admisibilidad del gobierno.