Ante las bajas que deja a los cárteles la guerra por los mercados de la droga y los golpes del gobierno, muchos de los 9 mil ex policías dados de baja podrían estar en las filas del crimen organizado, mientras en el norte de México cooptan a albañiles y mecánicos como sicarios.
«En estos momentos no sabemos dónde están nueve mil ex policías de todos los niveles en el país y que se encuentran extraviados», dijo el lunes Marco Tulio López Escamilla, coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF).
El funcionario reconoció que «el riesgo de que esos (policías) estén en la delincuencia es real y cierto», debido a la ausencia, hasta este año, de una base de datos confiable que contenga la información de los uniformados dados de baja en los últimos años.
El sistema Nacional de Seguridad, creado en 2009, registrará a los más de 450 mil policías de todo el país, precisó López Escamilla.
«Estamos alimentando toda la información, obteniéndola y procesándola para que logremos identificar con toda claridad, incluso con registros de foniatría y ADN a todos los policías federales», explicó López.
El gobierno federal emprendió en diciembre de 2006 una lucha frontal contra los cárteles de la droga con el despliegue de 36 mil militares y otros miles de policías en todo el territorio, y paralelamente inició una depuración de los cuerpos policiales, principalmente municipales.
«La policía no está preparada, hay mucha improvisación; además, se actúa dentro con mucha impunidad», reconoció López.
Casi 40 mil miembros de los cárteles de la droga han sido detenidos desde el inicio del mandato de Felipe Calderón, en diciembre de 2006, hasta finales de enero pasado, según cifras oficiales.
Calderón dijo que la presencia de militares en las calles es temporal y prepara a sus cuerpos policíacos para que asuman la dirección del combate al crimen organizado.
En las últimas semanas unos mil 500 agentes fueron capacitados por inspectores de cinco países, según reveló recientemente Carlos Pascual, nuevo embajador de Estados Unidos.
Sin embargo, la cruenta lucha entre los cárteles de la droga por controlar el trasiego hacia Estados Unidos y por ganar el mercado doméstico, en medio de una fuerte presión por parte de los militares, ha dejado al menos 9 mil 600 muertos desde enero de 2008.
Los golpes asestados al cártel de Sinaloa en la ciudad de Tijuana, frontera con Estados Unidos, obligaron a Teodoro García Simental alias «El Teo», lugarteniente de Joaquín «Chapo» Guzmán, «a contratar a mecánicos y albañiles para atacar a los agentes locales a cambio de pagos de hasta 300 dólares» semanales, dijo Julián Leyzaola Pérez, titular de Seguridad Pública municipal.
Un grupo de policías municipales de Tijuana (noroeste) fueron atacados por pistoleros el viernes pasado, cuando se disponían a comer, dejando sólo daños materiales, pero seis hombres que fueron detenidos confesaron haber sido contratados recientemente para estar a las órdenes de un grupo delictivo liderado por «El Teo», indicó el funcionario.
«Entré al crimen organizado por el lado de la construcción», confesó en enero pasado Santiago Meza López, alias «El Pozolero», después de que fuera detenido en una fiesta en una casa de Tijuana, una de las detenciones que más ha impresionado a la opinión pública mexicana.
«El Pozolero» está acusado de disolver en tambos en los que vertía 200 litros de agua y dos sacos de soda cáustica los cuerpos de 300 personas desaparecidas que le entregaba «El Teo» por unos 600 dólares a la semana.