El ex piloto militar argentino Julio Alberto Poch, detenido en España, aceptó hoy ser extraditado a Argentina para ser juzgado por su presunta participación en los denominados «vuelos de la muerte», aunque volvió a negar esta acusación y pidió un juicio justo.
El ex piloto ha accedido a ser entregado a la justicia argentina «para poder defenderse», durante su comparecencia en una vista de extradición ante tres magistrados de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, informaron fuentes judiciales.
La fiscalía también se mostró partidaria de la extradición, ya que el caso se está juzgando en Argentina.
Poch también solicitó «un juicio justo» en Argentina, donde está reclamado desde finales de 2008 por el juez Sergio Torres, quien recogió en ese país testimonios que lo involucraban en los «vuelos de la muerte».
Entre ellos está el de un piloto de la aerolínea Transavia según el cual Poch le narró cómo se arrojaba a los opositores al mar desde los aviones, además de justificar ese método de exterminio, según consta en la causa, aunque Poch aseguró que su colega malinterpretó sus palabras.
El ex piloto militar afirmó este miércoles que «no existen pruebas de los hechos» que se le imputan e insistió en que lleva «cuatro meses detenido injustamente».
Julio Alberto Poch, de 57 años y doble nacionalidad holandesa y argentina, ex piloto naval y actualmente piloto de la compañía Transavia, filial de Air France y KLM, fue detenido el 22 de septiembre en el aeropuerto de Valencia (este de España) cuando se disponía a viajar a Holanda.
La justicia argentina lo acusa de supuesta participación en los denominados «vuelos de la muerte» llevados a cabo durante la dictadura argentina (1976-1983), en los que opositores al régimen eran arrojados al mar desde aviones militares.
Estos hechos, según la justicia argentina, tuvieron lugar cuando Poch era piloto de la base de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), por la que se calcula que pasaron 5.000 de las 30.000 personas que, según organismos humanitarios, desaparecieron durante la dictadura argentina.
Poch, que ya había negado en una anterior comparecencia el 6 de octubre ante un juez español haber participado en esos vuelos, había rechazado en esa misma ocasión su extradición a Argentina y pedido en su lugar ser entregado a Holanda, pero la justicia holandesa declinó en diciembre juzgar al piloto.
«Me considero un detenido político. Holanda quiso deshacerse de un ciudadano sin darse la oportunidad a defenderse por razones políticas», dijo el ex piloto naval este miércoles.
El abogado defensor de Poch, Ignacio Peláez, consideró que el caso de su patrocinado es un asunto de «connivencia» entre las autoridades de Holanda y Argentina que aprovecharon los múltiples viajes de Poch, para que fuera detenido en España.
Poch «está pagando un problema político de Holanda», puesto que Jorge Zorreguieta, padre de Máxima Zorreguieta, esposa del heredero de la Corona de este país, el príncipe Guillermo-Alejandro, ocupó un cargo importante durante la dictadura argentina, por lo que tiene prohibida la entrada en el país sudamericano, según el letrado del ex piloto militar argentino.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidirá en los próximos días sobre la entrega de Poch a Argentina, después que el gobierno español aprobara el pasado 30 de octubre seguir con el proceso.