El presidente izquierdista de Bolivia, Evo Morales, enfrentaba el jueves crecientes protestas sociales, de diversa índole y en varias regiones, que amenazan con debilitarlo políticamente para el referendo revocatorio del próximo 10 de agosto.
Al menos un centenar de trabajadores mineros privados, aguerrido sector y columna vertebral de las protestas laborales en el país, se encuentran en La Paz, a convocatoria de la unitaria Central Obrera Boliviana (COB, izquierda) que exige al gobierno aprobar una nueva ley de pensiones, aunque el oficialismo la rechaza porque -argumenta- provocaría un déficit fiscal.
Los trabajadores, que el miércoles intentaron tomar por la fuerza un edificio público que alberga a ministerios y oficinas estatales del área económica, se apostaron hasta este jueves en los predios de las instalaciones, ante una férrea vigilancia policial que los persuadió de abandonar el lugar.
Los mineros se replegaron temporalmente aunque anunciaron que retomarán sus agresivas protestas callejeras en las próximas horas, a las que se sumarán maestros estatales, trabajadores municipales y estudiantes, según su dirigente Pedro Montes.
«Exigimos que el gobierno atienda nuestras demandas que son justas y no vamos a descansar hasta que el gobierno nos escuche», afirmó Montes, líder de la COB, sector que demanda mejorar los mecanismos legales de jubilación, en manos por ahora de dos administradoras de fondos de pensiones (AFP) gestionadas por los bancos Zurich de Suiza y BBVA de España.
El presidente Morales, que ha prometido eliminar a las dos AFP, envió una nueva ley al Congreso para su aprobación, aunque soslayando las sugerencias de la COB.
Los sindicatos también mantienen marchas callejeras en las ciudades de Cochabamba (centro) y Sucre (sudeste), que las han aislado del resto del país mediante cortes de ruta, según imágenes difundidas por el canal privado de televisión ATB. Las protestas amenazan con extenderse a Santa Cruz (este) y Tarija (sur).
Mientras el clima de protestas no parece amainar, el gobernante indígena ha disparado en contra de las manifestaciones sindicales, acusándolas de estar siendo instrumentadas por la derecha política y regional que se resiste a su política de gobierno estatista e indigenista.
«Yo siento que, lamentablemente, algunos, muy pocos compañeros trabajadores de los sectores, en esta coyuntura parecen que son el mejor instrumento de regiones» opositoras, apuntaló el mandatario.
El primer presidente indígena de Bolivia está embalado en su campaña para ser ratificado en el cargo, en el referendo del 10 de agosto, y a la vez pide a sus adherentes votar en contra de siete prefectos de oposición, a quienes acusa de bloquear su política gubernamental nacionalista.
El otro foco de conflicto lo protagonizan centenares de personas con discapacidades físicas que protestan en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, exigiendo al gobierno de Morales que cumpla un acuerdo firmado el año pasado para la dotación de un bono de asistencia de 3 mil bolivianos anuales (unos 420 dólares).
Un grupo de 10 personas en sillas de ruedas comenzaron una marcha de 400 km desde la ciudad de Cochabamba a La Paz.
Este sector también mantiene huelgas de hambre en las ciudades de Potosí (sudoeste) y Santa Cruz, en números no precisados, mientras que en Santa Cruz bloqueó el ingreso de camiones cisternas de gasolina y diésel a una planta de refinación de petróleo.