El tribunal electoral de Chuquisaca se sumó hoy a los múltiples pedidos de la oposición en busca de frenar el referendo revocatorio del 10 de agosto mientras que el presidente Evo Morales, en campaña para ser ratificado en su cargo, fue recibido con disturbios y cortes de rutas en Santa Cruz.
Ambos episodios configuran un cuadro de fuerte oposición de algunos sectores bolivianos de llegar al referendo, al cual califican de inconstitucional e ilegal, a pesar de que fue impulsado desde el Senado, dominado por la derecha.
El fragor de la disputa política en torno al referendo alcanzó al propio presidente Morales quien anoche fue fuertemente hostigado por jóvenes de la ciudad de Montero, en la región opositora de Santa Cruz, cuando entregaba viviendas a sectores pobres y entregaba un hospital.
Los jóvenes quemaron llantas, levantaron barricadas y atacaron a la comitiva presidencial siendo dispersados por la policía antimotines que lanzó bombardas lacrimógenas afectando incluso al propio mandatario.
«No tengamos miedo, compañeros, sólo es un hecho aislado de provocación y de seguro habrá muchos más, producto de la intolerancia», dijo Morales a su desconcertado auditorio.
En otra concentración política hoy en el poblado central de Tiraque, Morales denunció que algunos sectores «quieren parar el referendo porque le tienen miedo al pueblo».
En La Paz el vicepresidente ílvaro García denunció «una conjura contra el pueblo» y llamó a los ciudadanos a «defender democráticamente su derecho al voto».
Los críticos del referendo -que pondrá en juego los cargos de Morales, de su vicepresidente, y de nueve prefectos, la mayoría opositores- cuestionan también el padrón electoral y aseveran que su realización no resolverá la grave crisis política e institucional de país, que fue la razón por la cual fue convocado.
La situación del referendo se tornó más complicada luego de que el tribunal electoral de la región boliviana de Chuquisaca, cuyo gobierno se opone a La Paz, planteó oficialmente ayer a la Corte Nacional Electoral (CNE), de la cual depende, detener la consulta.
La corte de Chuquisaca advirtió a la CNE que se expone a futuras acciones legales por «compatibilizar posibles actos inconstitucionales de carácter irreversible» y planteó «la suspensión del referéndum revocatorio (..) hasta que el Tribunal Constitucional legalmente conformado se pronuncie sobre la constitucionalidad» de su convocatoria.
La posición del tribunal de Chuquisaca se conoce dos días después de que una magistrada del Tribunal Constitucional (TC) -organismo que no funciona desde hace varios meses por falta de quórum- pidió a la CNE frenar el referendo a la espera de un pronunciamiento acerca de su legalidad de ese proceso.
El pronunciamiento de la magistrada suplente Silvia Salame fue calificado por el gobierno de «cantinflada», mientras los analistas opinaron que no surte ningún efecto jurídico pero sí una fuerte influencia política.
La posición de la Corte de Chuquisaca fue inmediatamente respaldada por la prefecta indígena de ese departamento, Savina Cuéllar, ex aliada y ahora firme opositora de Morales.
Legisladores del oficialismo hicieron votos porque «ojalá no esté la mano del Comité Interinstitucional (de Chuquisaca, que ha protagonizado duras protestas contra el gobierno) en el fallo de la Corte», según el senador Carlos Díaz.
La CNE no se pronunció hasta el momento respecto a la demanda de la Corte de Chuquisaca.
El referendo revocatorio fue convocado en busca de desempantanar una difícil crisis en el país por la pugna entre el gobierno central que pretende aprobar un proyecto de Constitución considerado ilegítimo por la oposición, y las regiones, que buscan imponer proyectos autonomistas, considerados como secesionistas por el poder central.