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Nadie conoce las razones por las que no avanza la causa contra la empresa encargada del proyecto y más importante, no se hace nada para resolver el problema y por ello representantes de la sociedad civil consideran que se debe a la corrupción en el Sistema Penitenciario (SP).

El 14 de noviembre del 2011, en ese entonces el ministro de Gobernación electo, Mauricio López Bonilla, otorgó una entrevista a La Hora y ante la pregunta: En el tema de las cárceles, ¿cuál es el plan, pues hay un problema complicado, no existen reformas a la Ley del Régimen Penitenciario, sólo 3 de 11 bloqueadores funcionan en un ciento por ciento?, contestó: “Vamos a echar a andar todo un esquema que está establecido para los controles de acceso, portales y miniportales, donde van a haber rayos equis, analizadores de trazas, analizadores moleculares para identificar explosivos, drogas etc.

Porque sí vemos que los bloqueadores son sólo un parche. Hay que estar muy pilas controlando todos los esquemas donde nos quieren meter gol con cuestiones de corrupción, con un plan integrado que contemple esos once mil, doce mil horas hombre que hay en todos los centros de detención, once mil horas hombre por ocho horas diarias para cumplir con los tratados internacionales, estamos hablando casi de cien mil horas diarias que están desperdiciadas.

Como hay ocio y permisividad de entrar lo que sea, eso se va a acabar; lo que tenemos que utilizar con esas cien mil horas hombre es volverlas productivas en esquemas internos de trabajo, capacitación corporativa para que en mediano plazo el Sistema Penitenciario pueda ser no autosostenible, pero meridianamente autosostenible, para que los reos puedan ahorrar, para que puedan enviar dinero y mantener a sus familias y eso sea sostenible, bajo esa filosofía tenemos rehabilitación, capacitación para la reinserción”.
El 30 de julio, el director del SP, Édgar Camargo, anunció en el Congreso de la República, la licitación para la compra de bloqueadores de señal, sin embargo, meses atrás, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla había indicado que analizaba un arrendamiento de bloqueadores con las empresas telefónicas, pues la demanda contra Alcom S.A. estaba en impasse.

La semana pasada, se buscó una respuesta –para conocer avances de esa adquisición– de López Bonilla, del viceministro Edi Juárez y de Camargo, pero ninguno de los tres contestó a las llamadas realizadas a sus teléfonos celulares.

En lugar de los funcionarios, fue consultado Rudy Esquivel, portavoz del SP, quien respondió que aún no se tenía fecha e inversión exacta para iniciar con el proceso de adquisición, mientras que la demanda contra Alta Comunicación se desarrollaba en los entes respectivos. Transcurre el tiempo sin que se muestre la voluntad de solucionar el problema.

UNA HISTORIA DE FRACASO

El 17 de septiembre de 2007, durante el gobierno de Berger y la gestión de Adela de Torrebiarte en el Ministerio de Gobernación (Mingob), se creó el concurso de licitación para recibir la manifestación de interés para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, mantenimiento preventivo y monitoreo remoto de un sistema de bloqueo de señales de telefonía móvil –análoga o digital– o inalámbrica, para ser instalada en 12 cárceles.

En el concurso participaron las empresas Electrónica Celular Sociedad Anónima y Alta Comunicación (Alcom) Sociedad Anónima. Según De Torrebiarte, ahora Comisionada para la Reforma Policial, la primera incumplió 37 requisitos básicos de los 82 solicitados y por eso decidió contratar a la segunda, pues habría cumplido al 100 por ciento.

“Participaron dos empresas, la que ganó (fue) Alta Comunicación S.A., es una empresa que por la presentación que yo recuerdo había trabajado con Irak, con el FBI, en centros carcelarios de Estados Unidos. La propuesta era muy buena. Tenían que construir las torres para montar los bloqueadores; el evento se adjudicó y se quedó a cargo del SP en seguimiento al proceso”, explica. (La entrevista: “No tenía ninguna preferencia”).

Información proporcionada por De Torrebiarte refiere que el 8 de octubre, mediante el acta 88-2007, la junta calificadora adjudicó el proyecto a la empresa Alta Comunicación, S.A., declarándola como proveedor único, amparada en los artículos 44 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y el artículo 20 del Reglamento de dicha ley.

El 23 de octubre del mismo año, se emitió la resolución número 001956, con la que se aprobó la oferta presentada por parte de la encargada de Gobernación.

“Con relación al contrato administrativo y posteriores procesos, es necesario que el interesado se dirija a la dirección del SP, para que le facilite dicha información, debido a que no obra en poder de la exministra de Gobernación”, argumentó la Comisionada en un documento entregado a La Hora, cuando se le pidieron más detalles del fallido proyecto.

De Torrebiarte dice que trasladó  un acta con  la que delegaba al SP la responsabilidad del proyecto, que tendría un valor de Q21 millones y se pagarían de acuerdo a los avances que se tuvieran. En los siguientes meses inició la instalación de las torres para los bloqueadores.

La exministra dijo que hubo un estudio previo por parte de la empresa Alcom S.A. y niega que se improvisara el proyecto, como rumoran fuentes cercanas.

Este vespertino solicitó a la funcionaria una copia del Contrato 39-2007, firmado el 7 de noviembre de 2007, para conocer detalles de la contratación del sistema de bloqueadores, pero argumentó que no localizó el documento.

También se intentó obtener dicha papelería con la otrora funcionaria de Presidios, Margarita Castillo, pero no respondió a las llamadas realizadas a su teléfono celular.

LA TRANSICIÓN

El 14 de enero de 2008 tomó posesión el presidente Álvaro Colom, quien designó al fallecido Vinicio Gómez como titular de la Cartera del Interior, y éste a su vez, nombró a Álvaro Arriaza Sánchez como director del SP, quien tuvo una corta gestión –del 16 de enero al 16 de junio de 2008–. 

Posteriormente ocupó el cargo Gustavo Gaitán, quien asumió la Dirección de Presidios el 16 de junio y concluyó el 1 de agosto del mismo año.

Según información documental, durante ese tiempo los avances fueron escasos en la implementación de los bloqueadores de señal, al igual que en la gestión de Eddy Morales, quien permaneció en el cargo 8 meses y su gestión concluyó el 1 de abril de 2009.

Morales explica cómo recibió ese proyecto y los avances que sus antecesores dejaron.

“Al coronel Arriaza Sánchez le heredan ese proyecto, evalúa y al parecer vuelve a reformular el contrato, pero empieza a ingresar el equipo, se va a los cinco meses. En su lugar entra el señor Gaitán. Cuando yo llegó el proyecto está varado, pero por instrucciones del ministro Francisco Jiménez se da continuidad y se vuelve a reformular el contrato tratando la manera que quedara a beneficio nuestro”, dice.

Cuando Morales fue destituido nombraron en Presidios a Giuliu Talamonti, quien terminó su administración el 4 de agosto de 2009. A ese cargo regresó Morales, quien concluyó la gestión junto la administración de Álvaro Colom.

Según el entrevistado, el primer pago lo realizó Gaitán, el segundo él como funcionario, el tercero Talamonti y el cuarto monto ya no se canceló.

“Yo me voy en abril de 2009, cuando llegó el señor Talamonti realizó el tercer pago y el cuarto queda pendiente, porque yo mando a una comisión evaluadora integrada por el SP y la empresa –Alcom S.A.–, pero se dan cuenta de que no se había alcanzado la cobertura total (de los bloqueadores)”, indica.

 “LLEGARON A CUBRIR 70 U 80 POR CIENTO”

Morales argumenta que se levantaron actas sobre el funcionamiento de los bloqueadores que no cubrían la totalidad del requerimiento establecido por el SP.

“Los bloqueadores llegaron a cubrir un margen del 70 u 80 por ciento, pero no completamente. Funcionaron parcialmente, pero el objeto era totalmente, habían rangos que debían alcanzarse”, dijo el exfuncionario.

Debido a este problema, Morales dice que ofreció un tiempo prudencial a los empresarios de Alcom para solucionar los inconvenientes, pero como no hubo respuesta fue necesario emprender acciones legales en el Ministerio Público (MP).

“Se ofreció un tiempo prudencial, pero previendo que esta gente no entregaba el proyecto, es cuando el 20 de noviembre de 2009 hago la denuncia a manera de prevención, no se le entrega el último pago que era el 20 por ciento y se le queda debiendo Q4 millones y medio”, reitera.

El exdirector del SP señala que el 31 de agosto de 2010, amplió y ratificó la denuncia en la Agencia 9 de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales del MP; posteriormente se propusieron  reuniones de conciliación pero no se llegó a ningún acuerdo.
El otrora funcionario dice que en su momento, la empresa justificó que los reos habrían descompuesto las torres de bloqueo, pues en la Granja Penal Canadá fue dañado un cable. Sin embargo, la conexión fue interrumpida por el corte involuntario con “una piocha” y el problema fue reparado, explica. Agrega, que Alcom tenía las llaves del equipo.

“La empresa aducía que eran los reclusos y nada que ver, porque cada uno de los directores de los centros eran los responsables de dar seguridad para que los privados de libertad no se acercaran donde estaban las torres. No podían acceder fácilmente porque la empresa tiene las llaves de las cajas. Yo giré instrucciones y hay una circular  para resguardar el equipo de las torres, difícilmente podrían los reos afectar algo, no podían acercarse, de todas formas las llaves no las tenía el sistema, las tiene la empresa todavía”, dice.

RESPONDE CON AGRESIVIDAD

Este vespertino buscó en su oficina de la zona 10 a Eduardo Jop Gazel, quien figura en los archivos como director de Alcom S.A., pero respondió de forma agresiva aduciendo que no quería ser grabado para una entrevista.

Jop Gazel dijo que no tenía tiempo para atender a La Hora, y aunque se encontraba en una reunión, había salido por escasos minutos para expresarse.

Al iniciar con las preguntas e intentar grabar la conversación, el empresario, de forma agresiva, dijo que no permitiría que se grabaran sus declaraciones y cerró la puerta de su oficina.

También se intentó buscar la reacción del representante legal, José Antonio Ordóñez, pero no se encontraba cuando fue visitado por este medio de comunicación. Asimismo, se buscó una reacción vía telefónica, pero no contestó a las llamadas.

“CORRUPCIÓN”

Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack y quien fue parte del gobierno anterior en el que no se solucionó el problema de las cárceles y concretamente de los bloqueadores, considera que la falta de funcionamiento del sistema bloqueador de señal y el estancamiento de la causa contra la empresa convergen en el problema de la corrupción, pues a su criterio no es posible que el proyecto permanezca en impasse, sin que ninguna administración avance significativamente.

“Aquí confluye toda clase de intereses, y no necesariamente los mejores, generalmente convergen en el tema de corrupción. En el tema de los bloqueadores cómo van a decir que no funcionan, realmente al final la falta de voluntad política se llama corrupción”, dice Mack.

La profesional dice que de la anarquía en el sistema carcelario, se aprovechan diferentes sectores.

“Los celulares no pueden entrar si no hay corrupción; a las telefónicas también les interesa estar contra la ley de celulares porque también hacen un dineral, los medios recogieron algo –de información– de un marero que llamaba no sé por cuántos minutos y recogía millones de quetzales desde la cárcel”, dice la entrevistada.

Eleonora Muralles, directora  de la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), refiere que con la falta de funcionamiento de los bloqueadores se evidencia que se trató de gastos inútiles o negocios para directores o funcionarios de los diferentes gobiernos.