A finales de la semana anterior me visitaron dos señoritas que estudian Relaciones Internacionales en la Universidad de San Carlos, con el propósito de conocer mi opinión en lo que atañe a las causas que provocaron la guerra interna, en virtud de que están realizando una investigación académica propia de su carrera y por haberse enterado que fui uno de firmantes del Acuerdo Básico para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, suscrito en Oslo en 1980, en mi calidad de secretario ejecutivo de la desaparecida Comisión Nacional de Reconciliación.
Me remonté a 1954 cuando ocurrió la invasión a Guatemala planificada, organizada y financiada por la Agencia Central de Inteligencia, de Estados Unidos, que culminó con la forzada renuncia del presidente Jacobo Árbenz Guzmán, iniciándose la gestión de gobiernos autoritarios que desataron feroz represión contra todas las corrientes progresistas o simplemente populares que fueron calificadas de representar al “comunismo internacional” y de ser aliadas o fachadas de las fuerzas alzadas en armas.
Les indiqué que las causas del llamado conflicto armado continúan prevaleciendo pese a la firma de los Acuerdo de Paz, cuyo incumplimiento obedece a diferentes factores imputables a los gobiernos que sucedieron al del presidente Álvaro Arzú y en gran medida a que los grupos guerrilleros aglutinados en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca no lograron adaptarse a la vida civil y varios de ellos persistieron en mantener una línea de acción vertical centralizada y militarista, fuera de que fallecieron dos de sus emblemáticos dirigentes, los comandantes Rodrigo Asturias y Rolando Morán, que pudieron haber convertido a la URNG en una organización política de consistencia democrática para disputar el poder a las corrientes civiles conservadoras que reemplazaron a los gobiernos militares.
Agregué que otra causa fundamental que condujo a la guerra radicó en que se cerraron los espacios políticos, inicialmente, con la persecución a dirigentes de la izquierda democrática que no eran proclives a la lucha armada, y que prosiguió con la represión indiscriminada a intelectuales, periodistas, sindicalistas, actores de teatro y de cualquier manifestación artística, además de que poblaciones indígenas que no formaban parte de las fuerzas insurgentes fueron brutalmente atacadas.
Prueba de ello es que después de más de cinco lustros de haber concluido el conflicto armado, siguen descubriéndose osamentas, incluyendo restos de mujeres y de niños, a los que no se les podría señalar de combatientes, en lugares donde estaban instalados cuarteles, evidencia irrefutable que miles de víctimas eran ajenas a los grupos insurgentes.
Cerca de 6 mil osamentas han sido localizadas durante 20 años, y los hallazgos más recientes han ocurrido en lo que fuera la Zona Militar 21, en Cobán, Alta Verapaz, mientras que otras exhumaciones se realizan en diferentes regiones del país, lo que demuestra la crueldad de la represión.
(Cuenta el malicioso Romualdo Tishudo que a inmediaciones de un cuartel leyó este letrero: -Prohibido hacer fuego y acampar en el fondo del lago-).