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El informe «Eficiencia de la Captación Fiscal por la ví­a Judicial» refiere que, de 1999 a 2007, el Organismo Judicial recibió 2 mil 726 expedientes de causas por el delito de evasión fiscal, de las cuales sólo fueron resueltas 271.

De esa cuenta, el 90.1 por ciento de los procesos no se resolvió. Las causas se quedaron archivadas entre miles de folios.

De los pocos casos cerrados, sólo 26 sentencias de casación fueron favorables para la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y tres más fueron parcialmente favorables.

Mientras tanto, los datos de la SAT reportan un total de 12 mil 174 expedientes en trámite, tanto en el ramo administrativo como en el penal, que en total ascienden a Q2 mil 588 millones en impuestos no percibidos.

IMPUNIDAD

A criterio del experto en materia fiscal del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Jorge Santos, el porcentaje de impunidad en materia de evasión fiscal alcanza el 98 por ciento, lo que significa millones en pérdidas para el Estado.

Santos opina que el dato establecido en el citado informe de 2008 es verí­dico y que esa cifra estableció como una de las más altas en materia de acceso a la justicia, lo que a su criterio tiene varias aristas.

«Hay un serio problema de carácter penal ya que hay debilidad en ese campo en el Ministerio Público, pero el tema también es estructural, pues en lo administrativo la persona que comete ese hecho es sancionada con multas que van muy por debajo de lo razonable; además, el proceso dura hasta 3 o 4 veces más que por la ví­a penal», explica Santos.

El entrevistado remarca que el porcentaje de la impunidad en esa materia se da, debido a que los mecanismos que le dan vida a la evasión fiscal se fortalecen cada vez más.

«La fiscalí­a especí­fica para ese delito es de las que menos persecución tiene, además, hay una serie de ataduras que no le permiten a ese ente investigar objetivamente», critica.

Con lo anterior, Santos se refiere a que existen circunstancias que no aprueban a la Fiscalí­a tener acceso a información que le permitirí­a un mejor desempeño en su labor; además, subraya que existen «trabas» en el marco de la legislación e institucionalidad actual que no permiten que sea más efectiva la persecución penal de ese delito.

«Actualmente tenemos legislación que fortalece la posibilidad de evadir impuestos y existe una limitante, de que se hagan pesquisas objetivas, como es el caso del secreto bancario, que es un marco normativo que no permite que el MP pueda identificar cruces de dinero; las acciones al portador; legisladas en el Código de Comercio que no dejan identificar quiénes son los que participan en una sociedad anónima; entre otras, que hacen que los niveles de impunidad alcancen el 98 por ciento», indicó.

A LO INTERNO

Pero el optimismo en el tema también es escaso a lo interno del MP, pues los investigadores señalan que existen grandes dificultades para realizar las pesquisas referentes a la evasión fiscal.

Un fiscal de la Sección de Delitos Económicos del MP, que pidió no ser citado, explica que uno de los tropiezos que encuentra la Fiscalí­a para investigar esos casos son las lentas y burocráticas autorizaciones judiciales que se requieren para recabar información relacionada con cuentas bancarias.

«Pedir a un juez que nos autorice solicitar una información a un banco, por ejemplo, es un dolor de cabeza porque el dinero se está moviendo y a veces las autorizaciones son tardí­as», explica el funcionario.

Otro de los tropiezos que se señalan a lo interno del MP es la complejidad de los casos, lo que genera que las acusaciones formales excedan de los plazos de tres meses de investigación en caso que se dicte prisión preventiva contra los sindicados. Además, señala que cuando no se ordena prisión, los acusados «bombardean de recursos» los procesos.

Una importante calificadora ubica a Guatemala en la lista «gris» de paraí­sos fiscales, debido a que el intercambio de información tributaria es limitado e inadecuado para combatir delitos fiscales.

Guatemala tiene sólo seis meses para aprobar convenios y facilitar a los investigadores de delitos la información de contribuyentes para no caer en la lista «negra».

MULTAS

A la defraudación, se suman los montos en multas, que ascienden a Q5 mil 177.2 millones, los cuales son recursos que el Estado litiga legalmente con los contribuyentes.

El anterior monto equivale al 13.5 por ciento de la recaudación tributaria incluida en el Presupuesto de 2009.

De los más de 12 mil expedientes registrados por la SAT, 12 se consideran de «alto impacto»; ya que en ellos se concentra el 31 por ciento de los recursos en litigio legal, equivalentes a Q857.1 millones en impuestos determinados y Q745.3 millones de multas, equivalentes al 4.2 por ciento de los ingresos tributarios presupuestados para 2009.