Ante los incrementos de los hechos delictivos en el país y la falta de recursos que el Gobierno insiste que tiene para fortalecer el sistema de justicia y seguridad, el vicepresidente Rafael Espada dijo esta mañana que evalúan la posibilidad de aplicar un impuesto de seguridad, semejante al que el ex presidente ílvaro Uribe implementó durante su periodo en Colombia.
ecoronado@lahora.com.gt
Hay varios proyectos que se tienen para mejorar la recaudación fiscal en Guatemala y así fortalecer las instituciones de gobierno, afirmó Espada hoy, mientras explicaba que lo importante es una reforma fiscal, porque mientras no exista no se puede hacer ninguna actividad más en Guatemala, si no hacemos una actividad fiscal más seria.
El vicepresidente lamentó que haya una serie de anomalías financieras que hay que cambiar, pero alguno de los aspectos importantes a considerar es la creación de un impuesto específico para controlar la violencia en el país.
«Los mismos empresarios en las sugerencias piden que se designen fondos al área de seguridad», señaló Espada, quien recordó también que Colombia estableció un impuesto similar y afirmó que el fin principal de este tipo de propuestas es que sean supervisadas por el sector civil y los empresarios.
DEFICIENCIA
«Otra gran deficiencia que tenemos es que Guatemala tiene secreto bancario, es de los pocos países del mundo que aún lo tienen, no hay razón por la que una persona esconda el dinero», refirió el vicemandatario que además insistió en que «todos tenemos que dar cuentas del dinero que tenemos, porque el que ahorra más de lo que gana, es porque está robando».
Además hizo un llamado a unificar un plan de reconstrucción del país, refiriéndose no a los daños físicos, más bien de los valores, puesto que la responsabilidad del desarrollo no es solamente del gobierno o los empresarios, sino que también de las iglesias, los sindicalistas y todos los sectores de la sociedad.
Espada resaltó también que es necesario garantizar que los fondos del gobierno se están gastando de una buena forma y que «cualquier funcionario público que esté mal utilizando los recursos del Estado, no sólo se le saque del puesto, si no que se le haga una persecución penal», pero para eso es necesario contar con fondos para fortalecer las instituciones de justicia, refirió.
EXPERIENCIA COLOMBIANA
El ex gobernante colombiano, ílvaro Uribe Vélez -2002-2010- en el marco de su visita de la séptima edición del Encuentro Nacional de Empresarios (Enade 2010) afirmó que crearon ese impuesto al patrimonio para la seguridad, pero también introdujeron una norma que le da una exención parcial a la reinversión de utilidades y exenciones a los nuevos hoteles, a los cultivos de tardío rendimiento, es decir, una combinación de más impuestos y más estímulos.
En Colombia el impuesto de seguridad se le gravó a la riqueza de más de US$1.5 millones, y eso fue dirigido a la seguridad, pero el mismo sector privado tiene una junta que lo representa, para vigilar la aplicación. Cualquier contribuyente, persona jurídica o persona natural que tenga más de US$1.5 millones debe pagarlo.
Con la intención de fortalecer las capacidades del Congreso de la República de Guatemala en la actualización de la legislación sobre la seguridad pública, se realiza hoy y mañana un seminario impartido por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en colaboración con Open Society Institute & Soros Foundation Networks; durante este evento se darán a conocer las principales tendencias regionales sobre el tema de seguridad, donde se formularán propuestas específicas de un mal que ataca a toda Latinoamérica. Diego Paz Bustamante, representante en Guatemala de la Secretaría General de la OEA, manifestó que debe emplearse un marco regulatorio para monitorear y controlar un incremento en el presupuesto nacional en materia de Seguridad.
La Cámara de la Industria (CIG) manifestó que las recomendaciones de seguridad que hicieran al gobierno el pasado jueves 28 de octubre no pudieron ser entregadas el día sábado, ya que no fueron recibidas en Casa Presidencial, por lo que la entrega oficial del documento se realizó ayer por la mañana, de esta cuenta, Javier Zepeda, director ejecutivo de la CIG, indicó que esperan una citación con el mandatario para discutir las recomendaciones.